SANTO DOMINGO.- El juez coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, emitirá este miércoles su fallo sobre la homologación del acuerdo entre la empresa constructora Odebrecht y el Estado dominicano.
En el acuerdo, la multinacional se comprometen a pagar US184 millones de dólares en un plazo de ocho años, aportando por adelantado 30 millones.
El pasado 14 de febrero, el magistrado Vargas acogió la petición de la Procuraduría General de la República de conocer en audiencia dicho acuerdo, en la cual estuvieron presentes Marcelo Hofke, gerente local de la Odebrecht en el país, su abogado Robert Valdez; y la directora de la Procuraduría Especializada Administrativa Contra la Corrupción (Pepca), doctora Laura Guerrero Pelletier.
En dicha audiencia se verificaron las calidades de las partes, así como las condiciones del acuerdo y se hizo una presentación de la fundamentación del mismo, tanto de hecho como de derecho.
EL abogado de la Odebrecht, Robert Valdez, informó que el acuerdo quedó tal y como fue depositado es decir, que no hubo ninguna modificación, y que se acordó conocer este miércoles, la decisión del juez Vargas en torno a la homologación.
El viernes 10 de febrero, tanto la Procuraduría General de la República como el abogado de Odebrecht, depositaron una instancia por ante el juez coordinador, a fin de que se decidiera sobre la homologación del citado acuerdo.
Ambas partes han reiterado que será luego de la decisión del Juez Alejandro Vargas cuando se dé a conocer el contenido del mismo.
Sobre el acuerdo
El acuerdo entre la Odebrecht y el Gobierno surge luego de los interrogatorios e investigaciones iniciadas por el Procurador Jean Alain Rodríguez, quien logra que la empresa Odebrecht acordara pagar 184 millones de dólares, en ocasión del caso de pago de sobornos a funcionarios dominicanos desde el año 2001 hasta el año 2014, de aproximadamente noventa y dos millones de dólares norteamericanos (US$92,000,000.00), en aras de obtener a su favor adjudicaciones de contratos con el Estado.
El jurista Eduardo Jorge Prats, destacó valoraciones positivas de las implicaciones en torno al acuerdo, resaltando que en el aspecto del resarcimiento económico es la primera vez que el Estado recibirá lo que establece la ley dentro de un plazo preferencial, considerando que ha quedado estipulado que antes de arribar a la mitad del período otorgado para realizar el pago de los US$184MM, correspondiente al duplo de lo que Odebrecht admitió haber pagado en calidad de soborno en territorio dominicano.
“La empresa debe haber pagado la mitad del dinero al Estado dominicano, debiendo pagar intereses por cada día de atraso en el correspondiente a las fechas establecidas, por lo que «si tomamos en cuenta que los plazos logrados por otros países superan los 20 años, entonces hay que reconocer que obtuvimos preferencia en esa parte de la negociación» indicó el jurista.
Otro de los puntos de gran relevancia que resalta Eduardo Jorge Prats en su análisis sobre el citado acuerdo en el cual fungió como asesor, va dirigido a la parte penal, pues «si bien es cierto que hay un compromiso de no persecución contra la empresa y sus empleados directos, no menos cierto es que el Ministerio Público ha quedado con la libertad y la potestad de perseguir penalmente, a toda persona jurídica y moral, nacional o extranjera, que haya sido beneficiada con ese soborno”.
Jorge Prats dijo además que el acuerdo obliga a Odebrecht a que tan pronto como se obtenga la homologación ante un juez competente, suministre información de calidad al Procurador General de la República, que permitan identificar a los favorecidos y estos puedan ser sometidos a la justicia.
«Si Odebrecht no suministra dentro del marco del compromiso asumido de la colaboración, las informaciones requeridas por el Ministerio Público, de inmediato el acuerdo queda sin efecto y tendría consecuencias penales contra los representantes directos y la misma empresa. En esa parte se ha sido claro y categórico y no está sujeto ese aspecto a otra negociación», explicó Eduardo Jorge Prats.
Considerando que el acuerdo firmado sólo abarca el tema de los sobornos, partiendo de las investigaciones que realiza el Ministerio Público al margen de la colaboración de información que se espera por parte de Odebrecht, si se determina violación en otros aspectos legales, el MP puede perseguir penalmente por los otros ilícitos que se pudieran desprender del soborno.
«La información para las autoridades dominicana es clave para la obtención de sustento probatorio que permita perseguir a los sobornados y el acuerdo, tiene como otro de los principales objetivos, acortar el proceso en la medida en que fluyan informaciones relevantes y fidedignas, que sin la obligada colaboración de Odebrecht, tardaría mucho más tiempo recabarla.
El MP tiene la firme decisión de identificar, perseguir y someter a todos los involucrados en este caso, y los que resulten condenados, deberán igualmente pagar de forma individual al Estado, las indemnizaciones que corresponda a cada uno», asegura el Jurista.