Santo DOMINGO. En su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, en el que dedicó gran espacio al tema de la transparencia y la corrupción, el presidente Danilo Medina se declaró como el primer abanderado de la lucha contra la impunidad, y dijo que para convencer a la gente de ello, lo haría con hechos, no con retóricas.
Citó las acciones emprendidas por la Procuraduría General de la República en el caso del pago de sobornos a funcionarios dominicanos de parte de la empresa Odebrecht a cambio de contratos de obras, por lo que la empresa brasileña aceptó pagar al país una multa de US$184 millones en compensación.
Pero, además de Odebrecht, el Gobierno tiene varios temas en los que la población espera hechos concretos que le convenzan de que, como dijo Medina, no se dejará espacio a la impunidad.
Uno de esos en el escándalo producido a lo interno del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), donde las denuncias de ventas irregulares de terrenos tomaron más vigencia luego de la muerte de tres personas en San Pedro de Macorís, incluidos dos locutores.
El mandatario ordenó la suspensión del director de CEA, José Joaquín Domínguez Peña, y nombró una comisión de alto nivel, para indagar al respecto, pero, desde el 2014 existe una auditoría de la Cámara de Cuentas que refleja mal manejo en la entidad, y todavía no se conocen acciones del Ministerio Público contra ninguno de sus funcionarios.
Otro escándalo que toca al Gobierno es el de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), cuyo director, Leoncio Almánzar vendió a la empresa Titulatec (cuyos ejecutivos están vinculados al canciller Miguel Vargas Maldonado) los terrenos del sector Los Tres Brazos. Vargas Maldonado es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización que participó aliada al oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en las elecciones pasadas.
Luego de que se hizo pública la venta de esas tierras, ocurrida en 2010 a menos de RD$70 el metro cuadrado, el Poder Ejecutivo nombró una comisión que determinó que en la negociación fue ilegal.
En su informe del pasado 31 de enero, la comisión presidida por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, recomienda remitir el caso al Ministerio Público. Aún se desconoce si el Ministerio Público abrió una investigación del caso, pese a que los comunitarios de Los Tres Brazos demandan el sometimiento de Almánzar.
Anterior a los casos mencionados, se supo del soborno de US$3.5 millones que la empresa Embraer pagó en el país para conseguir que se aprobara la compra de ocho aviones Súper Tucano. Por el hecho han sido procesados dos militares: el exsecretario de las Fuerzas Armadas, Rafael Peña Antonio, quien tiene impedimento de salida como medida de coerción, y el coronel Carlos Piccini Núñez que está en prisión preventiva; y los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, también con medidas de coerción.
En las delaciones que hicieron los ejecutivos de la empresa ante la justicia de Estados Unidos, con la que llegaron a un acuerdo por la práctica ilegal, se hizo referencia a legisladores que habían participado en la gestión del soborno, pero ninguno ha sido procesado a la fecha.