Despradel exige a Contrataciones Públicas cancelar registro Odebrecht y contrato de Punta Catalina

 

Advierte que la ley prohíbe mantener contratos con empresas dirigidas por delincuentes

El diputado nacional Fidelio Despradel exigió hoy a la Dirección General de Contrataciones Públicas que cumpla con su responsabilidad legal y cancele de inmediato el registro de proveedor del Estado de la empresa brasileña Odebrecht y el contrato de construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina.

Mediante una comunicación dirigida a la directora de la institución, Yokasta Guzmán, el legislador por Alianza País explicó que la Ley 340-06 establece claramente en su artículo 14 que el Estado dominicano no puede mantener contratos con empresas cuyos propietarios estén condenados por actos de corrupción, como es el caso de Marcelo Odebrecht, presidente de la multinacional.

“Es de todos conocido que en estos momentos el presidente de Odebrecht se encuentra preso en Brasil por encabezar una red internacional de corrupción, por lo que no podemos alegar ignorancia, pues hacerlo sería favorecer la impunidad y abrir las puertas de la prevaricación”, advirtió Despradel a la funcionaria en el documento.

En su condición de legislador y fiscalizador de los bienes públicos, Fidelio Despradel reclamó a la directora de Contrataciones Públicas una respuesta rápida y sin rodeos a sus planteamientos. Según él, “además de ilegal, sería inmoral mantener el contrato de esta República fundada por Juan Pablo Duarte con una empresa dirigida por delincuentes transnacionales”.

“Esperamos su respuesta para definir nuestros siguientes pasos en el ejercicio de este deber ciudadano y legislativo de luchar contra la delincuencia política y la impunidad que le favorece”, concluye la misiva.

Al intercambiar con los medios de comunicación que cubrieron la entrega de la solicitud, Fidelio Despradel destacó que está de acuerdo con que se terminen los trabajos de las plantas de Punta Catalina, pero después de traspasar el contrato a una empresa responsable y auditar de manera independiente toda la obra, como ha hecho Perú con un proyecto de gasoducto valorado en más de US$7,000 millones.