Por Kelvin Peralta Madera
En esta segunda semana de febrero, la Procuraduría General de la Republica pone en atención al país con una noticia interesante en la que se anuncia que ha llegado a un trato o acuerdo con la empresa Odebrecht en la que ésta se obliga a pagar al Estado Dominicano la suma de 184 millones de dólares como indemnización por el soborno de 92 millones que confesó haber realizado para salir elegida en contratas o licitaciones de Construcción de Obras.
Me quedé esperando la parte en la que el Procurador anunciaría a los sometidos a la justicia por el soborno y sé que no he sido el único. Lo terrible de este trato es el desagradable precedente que crea. El monto de la Indemnización al Estado será pagado en un plazo de ocho años; la empresa seguirá operando en el país y cual si fuera poco, cero detenidos, cero procesados. ¿Acaso también le darán contratas para que pague la deuda?
No me extrañaría si algunos descorcharon champaña el día de la noticia dada por el Procurador, especialmente los implicados; esos, que son artífices de que prácticamente se tenga licencia para acabar con los fondos del Estado y nada pasa.
El caso de Odebrecht como he manifestado en ocasiones anteriores no es más que “la punta del iceberg” ya que la mala costumbre de la corruptela en perjuicio del Estado viene de muchos años atrás; aunque es importante reiterar que es en la historia reciente que lo de la impunidad se ha hecho tendencia y hasta moda llegando el descaro de los impunes a límites inimaginables. Ni las apariencias se guardan, todo se hace a la clara, confiados en un sistema de justicia en crisis, frágil y manipulable.
Hay quienes ven beneficioso el trato y desde el punto de vista de la referencia a nivel global y de la posibilidad legal de que pueda el mismo realizarse, eso no está mal, aunque incompleto, y es en esta parte en la que de mi parte digo que el Estado no se beneficia del todo, sino que tratos como este permiten que se continúe con la sobrevaluación de obras y la fiesta de los sobornos, todo en perjuicio de un pueblo al que no se le brindan ni siquiera los servicios de salud de una forma decente y básica.
Como hemos visto en los demás países en los que Odebrecht dio dinero para soborno es que aparte de que El Estado accediera a recibir una indemnización en dinero, en los tratos correspondientes incluyó que la empresa debía suministrar los nombres de los funcionarios, jefes de Estado o personas implicadas en el hecho del soborno, y así se ha hecho.
Como resultado es que más de una veintena de personas estén siendo procesadas ante la justicia de Panamá, Colombia y Perú. Aquí, a pesar de que existe una posibilidad muy alta de que el Procurador tenga la lista de los sobornados en sus manos, no existe el primer detenido o procesado por el hecho. Mientras en Perú vemos como se habla de sometimiento de un ex Presidente por haber recibido 20 milloncitos.
Dijo el Procurador General de la República que siguen las investigaciones, no obstante, cabe reflexionar y preguntarse a quién beneficia el Trato con Odebrecht, porque a todas luces, al menos en este tramo y si todo se quedará así como de recibir el dinero y nada más; se beneficia mucho y sigue ganando la impunidad aunque algunos interesados quieran decir lo contrario.