SANTO DOMINGO. A diferencia de la República Dominicana, hay varios países, de los 12 en los que Odebrecht admitió haber pagado sobornos para asegurar contratos públicos, que cuentan con equipos exclusivos o el apoyo de las Naciones Unidas para investigar el caso, y en esas naciones se han tomado decisiones judiciales, como envíos a prisión y acusaciones formales.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), adscrita a la ONU, investigará en ese país el posible cobro de sobornos de exfuncionarios para modificar el contrato de una carretera otorgado a Odebrecht.
La fiscal general de Guatemala dijo que la Fiscalía y la CICIG llevarán a cabo la investigación, luego de que el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, diera a conocer una denuncia penal contra varios exfuncionarios.
Representantes del movimiento Fin de la Impunidad pidieron que en la República Dominicana se cree una comisión independiente, apoyada por la ONU, para que investigue los US$92 millones en sobornos que Odebrecht pagó en el país, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La Procuraduría lleva a cabo las investigaciones en la República Dominicana. Ha interrogado a más de una decena de personas sin que hasta el momento haya detenidos o sometidos.
Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo de creación de la CICIG en 2006. La prensa guatemalteca destaca que la entidad “ha sido un operador clave para desenmarañar varios casos de corrupción, entre ellos el que puso fin en 2015 al gobierno del presidente Otto Pérez por el cobro de sobornos en las aduanas”.
Un representante de la CICIG explicó a Diario Libre que siempre se coordina entre el Comisionado de la entidad y la fiscal general cuáles casos requieren apoyo.
Brasil, el centro de las investigaciones, cuenta con un equipo que investiga el caso Lava Jato en ese país, donde está preso el expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, y otros vinculados.
Sectores de la sociedad civil dominicana también han sugerido que en el país exista un fiscal especial que se dedique al tema. Esta figura ya la utilizan en Panamá y Perú. El Ministerio Público de Panamá creó una Fiscalía Especial Anticorrupción para exclusivamente indagar el caso Odebrecht. La semana pasada la fiscal general, Kenia Porcell, informó que formuló cargos por blanqueo de capitales a las primeras 17 personas.
En Perú se conformó un Equipo Especial de Fiscales exclusivamente para el tema. En esa nación se han producido arrestos y prisiones preventivas.