La empresa extranjera Odebrecht que, misteriosamente, se hizo adjudicataria de la mayoría de obras de importancia en la República Dominicana en los últimos 17 años, investigada en su país por prácticas corruptas, sobornos y sobrevaluación de obras, ha confesado ante las autoridades norteamericanas del Distrito Judicial del sur de New York, que no solo tuvo esas prácticas en su país sino en unos 13 países, incluyendo el nuestro. Ha pagado una multa de 3,200 dólares y están devolviendo los fondos dedicados al soborno y compensaciones por ganancias indebidas y, además, haciendo acuerdos con muchos de los países víctimas de su mal proceder.
Destapada ya la caja de Pandora y, ante la timidez con que las autoridades judiciales nacionales han iniciado las investigaciones obligadas sobre las actuaciones de esa empresa, amplios sectores de la sociedad han iniciado un movimiento de protestas pacíficas para reclamar que se tomen medidas para detener la corrupción y el peculado.
Es un movimiento espontaneo, iniciado por medio de las redes sociales y encabezado por personas sin militancia partidaria y respaldado por amplios sectores sociales que sienten reflejadas allí sus ideas contra la impunidad de los corruptos.
Ejercen un derecho constitucional consignado en la Ley de Leyes. Y como derecho público, nadie tiene potestad para cuestionarlo, objetarlo o rechazarlo. Nadie.
Pero eso, no ha caído bien a funcionarios del gobierno de alto nivel y parece que, al gobierno en pleno, recurriendo al viejo expediente de amenazar los derechos a la protesta, alegando el peligro para la estabilidad del estado.
¡El viejo expediente represivo de los mismos recalcitrantes de siempre!
“Olvidan”, deliberadamente, que el derecho a protestar está consagrado en la constitución nacional y que ellos mismos han recurrido al mismo algún tiempo atrás cuando notaban la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia que ahora no son capaces de ver en las instituciones públicas.
Siempre que se han querido perseguir las prácticas corruptas de funcionarios y miembros de partidos en el poder, se recurre a las amenazas. Su falta de razón, les hace responder así, para demostrar sus debilidades éticas y morales.
Parecería, que “en casa del ahorcado, no se puede mencionar la soga”.
Parecería, que con esas ominosas amenazas pretenden coartar ese derecho constitucional, para proteger a los funcionarios que incurrieron en las componendas dolosas con los corruptores extranjeros, los confesos sobornadores.
¡Porque tienen los nombres, que procuran ocultar!
Porque no se quiere llevar ante la justicia a los compañeros de partido y a algunos aliados, igual o más corruptos por dejarse sobornar con cargos públicos.
Y, ante esta la determinación a la protesta de sectores de la sociedad, recurren a las amenazas. Les temen a las consecuencias, porque saben el despertar que genera una protesta cívica que nos puede dejar a las puertas de una “primavera caribeña”.
Hay quienes piensan que, los que se resisten a aceptar la manifestación de la sociedad, no comprenden su significado, pero es todo lo contrario. Es porque comprenden perfectamente su significado, y su alcance moral, que se oponen y acusan tal iniciativa espontánea y carente de influencias partidarias.
La acusan de política, como si no existiera el derecho a una protesta política contra políticos corruptos descubiertos en el acto y con socios ya confesos. Porque el pecado en política, es ser corrupto y ocultarlo con más corrupción que fomenta su impunidad.
La protesta viene de la conciencia social que empieza a despertar por el impacto visible de las componendas impúdicas y de las confesiones de Odebrecht. Porque ha quedado desmitificada la precepción de corrupción para convertirse en una realidad concreta que ya no pueden ocultar más.
El discurso, ha quedado desnudo en la calle y ya no puede seguir defendiendo la impunidad de sus propios compañeros de partido que, como funcionarios del estado, se han confabulado con los corruptos extranjeros para desfalcar a la sociedad que solo contribuye con el pago de impuestos.
Porque la confesión de los extranjeros, se ha convertido en un referente para dejar al descubierto también los manejos corruptos locales largamente sospechados. Mientras ambos tratan de ocultar el enorme bulto de las sobrevaluaciones de todas las obras asignadas.
Porque la gran estafa a las finanzas públicas está en eso que tratan de soslayar para que todo quede solo en los sobornos confesados.
Porque Odebrecht no vino al país a inventar la sobrevaluación de obras públicas, y aunque cambió significativamente sus magnitudes, aquí ya se practicaba, aunque con métodos menos refinados.
Porque ya la corrupción no se puede seguir ocultando. No se detuvo ante la puerta de ningún despacho oficial relacionado. Y por eso, aunque alegan que el pueblo “solo está pendiente de la comida”, ahora está consiente de que tiene derecho a algo más que los alimentos de mala calidad. Que también tiene derecho a protestar contra las injusticias, la corrupción y la impunidad de los corruptos.
Y la corrupción es una de las mayores injusticias. Y ya los coge funditas y bonos de miseria saben porque les dan esas boronas cuando tienen derecho a más. Pero ahora, saben también por qué hay funcionarios que defienden la corrupción y la protegen con impunidad.
Porque sus manipulaciones y componendas han quedado a la vista. Y, por más que han tratado de ocultar los hechos, no va ser posible que puedan seguir encubriendo la realidad desnudada por las confesiones.
Entonces, la estabilidad del estado no es amenazada por las protestas, es amenazada por la corrupción, la impunidad, el encubrimiento y la falta de transparencia de las instituciones controladas por funcionarios corruptos.
Los mismos que pretenden amenazar con sus descalificaciones por su carencia de argumentos que justifiquen su actitud. Y, encienden los altoparlantes para tratar de seguir confundiendo a los pendejos y justificar sus amenazas.
¡Porque no pueden explicar su defensa de la corrupción y la impunidad!
Eso, siempre ocurre con los cómplices de los delitos y cohechos. Y además beneficiarios del reparto de los recursos procedentes de la sobrevaluación de obras acumulados en las cuentas partidarias por sus recaudadores de la corrupción.
Y eso lo defienden con argumentos vacíos y amenazas.
Esa actitud, constituye un apoyo manifiesto a los prevaricadores como una expresión filial de la manada a sus especímenes alfa, depredadores de los bienes públicos.
Los cínicos alfa, que cazan recursos públicos para alimentar a la manada insaciable que acumula riquezas incalculables y se mofan de la sociedad robada al exhibirlas.