Kelvin Peralta Madera
Dos acontecimientos han tomado principalía en el país en los días recientes, La Marcha del Fin de la Impunidad y la transacción con el caso Odebrecht. Me permito iniciar con la Marcha para el Fin de la Impunidad que realizamos el domingo 22 de enero.
Esta Marcha ha sido un acontecimiento histórico, digno de reconocer y que estoy convencido de que siempre será recordado; miles de ciudadanos movidos por voluntad propia, sin el combustible del pica pollo o los cuantos pesos del clientelismo político; un mar humano vestido de verde, una gran diversidad dedominicanos y dominicanas todos congregados y unificados en un solo reclamo: el fin de la impunidad por actos de corrupción pública. Una sociedad civil movida como hacía décadas no se veía; un éxito para todos los ciudadanos preocupados por un país mejor y un mensaje claro al Gobierno para que de una vez por todas fije el rumbo hacia un sistema institucional y funcional en el que definitivamente cese la descarada impunidad a las que ya nos tienen acostumbrados. ¡Los corruptos a la cárcel!
Por otro lado, no puedo dejar de escribir respecto al sonado caso Odebrecht, ahora con una novedad interesante de la transacción o acuerdo con el Ministerio Público donde se dice que la empresa se compromete a devolver 184 millones de dólares por el soborno para conseguir contratas de obras del Estado. Esto ha sido celebrado con bombos y platillos por algunos del Gobierno, bocinas mediáticas destacan que el acuerdo ha sido igual al de los Estados Unidos y que en todas partes se ha transado con Odebrecht para que devuelva el dinero del soborno. Reconocemos que es válido que en delitos económicos y en cualquier otro delito exista este tipo de acuerdo o transacción con la autoridad, de hecho, es la misma ley dominicana la que prevé esta posibilidad; sin embargo, por otro lado, no se ha dejado claro lo relativo a un elemento importante que en otros países afectados como Panamá y Colombia si se ha hecho y es que además de recibir los fondos indemnizatorios de Odebrecht, se han revelado los nombres de los sobornados y el sometimiento a la justicia de los mismos.
Hay que recordar que el soborno en cuestión afecta los bolsillos del Estado pero que también se ha incurrido en violación a una ley, y es que tanto el que soborna como el sobornado tienen sanciones previstas y para que quede más claro, hablando con la ley en la mano, me permito citar el texto correspondiente y es el artículo 2 de la Ley Ley 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión del 6 de diciembre del 2006.Dicha ley expresa: “Art.2. Todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno, y como tal será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión y condenado a una multa del duplo de las recompensas recibidas, solicitadas o prometidas, sin que, en ningún caso, pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios mínimos”.
Saque usted las conclusiones de lugar; mientras tanto en Colombia, Perú y Panamá, aunhabiendo aceptando recibir la devolución del dinero de soborno más la indemnización por parte de Odebrecht al Estado correspondiente, continúa el procesamiento judicial contra los sobornados sin importar rangos ni distinciones.
¿Será porque allá si se aplica la ley? Y aquí… ¡Bien Gracias!