Lic. Yenifer Gil
Cuando de actos de corrupción se trata, la República Dominicana no suele ser la excepción y es que al igual que en otros países,Odebretch, la multinacional de origen brasileño utilizó medios de forma ilícita para lograr que funcionarios dominicanos adjudicaran 17 obras que desde el 2001a la fecha ha realizado esta empresa en nuestro país. Según fuentes del Diario Libre: 2 durante el Gobierno de Hipólito Mejía, 9 durante el mandato de Leonel Fernández y 6 en el de Danilo Medina.
Esta información se determinó a raíz una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos la cual arrojó que la multinacional ha invertido alrededor de US$788 millones de dólares en sobornos para la obtención de al menos 100 proyectos en 12 países de América Latina y África dentro de los cuales se incluye la suma de US$92 millones de dólares que fueron entregados al empresario dominicano Ángel Rondón, según este y el gerente de Odebretch en el país, Marcelo Hofke por “concepto de honorarios” como representante comercial o intermediariode la empresa.
El informe presentado por los Estados Unidos ha desatado un escándalo público en diversos países que se han visto involucrados con el tema, por lo que han iniciado investigaciones a diferentes organismos estatales y funcionarios públicos que por los cargos ostentados pudieran tener responsabilidad en los hechos.
La República Dominicana ha estado haciendo lo mismo, sin embargo, ante toda esta situación me he preguntado si una vez identificados los funcionarios que recibieron “sobornos” de parte de Odebretch ¿Serán en verdad, sometidos a la justicia? ¿O si por el contrario este será otro caso que quedará impune? También me he preguntado ¿Qué mecanismos tiene el Estado dominicano para depurar, evaluar y seleccionar a sus proveedores; esto a propósito de su Ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones Públicasla cual se supone contribuiría con la legalidad y la transparencia en cuanto a construcciones de obras se refiere.
¿Cómo es que todavía casi 16 años después de iniciar las negociaciones con la citada empresa se continúa haciendo contrataciones a pesar de los antecedentes delictivos que ha tenido en otros países y en el propio? ¿Cómo es que aún siguen aprobando contratos millonarios con esta constructora?tal es el caso de las tan mencionadas plantas de carbón de Punta Catalina. ¿Cómo es que no se ha realizado un levantamiento de los contratos firmados con esta empresa? Esto para verificar si además del soborno existe sobreevaluación en las obras o alguna otraartimaña. ¿Cómo es que las autoridades han sido condescendientes con los implicados y han colocado “plazos” para le entrega de la documentación? ¿Qué ocurre con lo establecido en la Ley 488-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión? Si ésta es clara en ese sentido, si buscó al promulgarse ofrecer mayor seguridad jurídica en los intercambios comerciales, si su texto es enfático al establecer que: “Todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno…” Art. 2 de la citada Ley.
Finalmente me pregunto ¿Qué están haciendo los partidos políticos de oposición para el esclarecimiento de estos casos? ¿El pueblo dominicano que está haciendo y que hará? Pues de ser una nación revolucionaria y defensora de sus derechos ha pasado a ser un títere de las circunstancias, de un “grupito” que mientras se beneficia del trabajo del pueblo ve como el mismo actúa de manera indiferente ante situaciones como estas que a todos competen.