SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió que la situación en la que la magistrada jueza Aleyda Jiménez, Presidenta del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Judicial Duarte de San Francisco de Macorís fue asaltada frente a su residencia por un reconocido delincuente de la zona, dejándola con un brazo fracturado en el forcejeo, es “un retrato del deterioro institucional del país”.
En un comunicado, Finjus indica que “algunos podrían creer que este es un hecho anecdótico, que no debería ser noticia porque en este país los asaltos, atracos, violaciones a la ley y desidia de las autoridades se han convertido en parte de la cotidianeidad, al tiempo que muestra que ningún sector es inmune a sufrir las consecuencias de la crisis institucional que nos arropa”.
Añade que esto es en realidad el asalto y lesiones a la Magistrada Jiménez es un retrato del deterioro institucional del país, que refleja el hecho de que las prioridades del sistema político y el Estado no se corresponden con las demandas y expectativas de la población, que espera que se haga realidad la promesa constitucional de que sus derechos fundamentales y garantías sean resguardados y protegidos.
La propia Magistrada reveló que desde hace 1 año y 7 meses está solicitando la asignación de un policía para su custodia, y que pese a todas las diligencias que ha encaminado solo ha obtenido promesas y evasivas. Por el carácter de sus funciones públicas, la magistrada califica sobradamente para que el Estado le garantice protección y la seguridad de que podrá realizar sus obligaciones sin miedo a las personas a quienes ella controla.
Es penosa la situación planteada cuando la sociedad sabe que miles de agentes policiales están asignados a políticos, empresas, particulares o mafiosos, a lo que sirven como chóferes, guardaespaldas, conductores de carritos de compra en los supermercados, para solo mencionar algunos de los oficios recurrentes menos peligrosos.
Situaciones como la descrita son las que refuerzan la convicción de la ciudadanía de que es urgente que el Estado, es decir, los poderes Ejecutivo y Legislativo, pongan más empeño para que los recursos que el sistema de justicia requiere sean asignados.
FINJUS se une a quienes han expresado su solidaridad con la magistrada Jiménez y en su persona a todos los magistrados y servidores del sistema de justicia que realizan su labor pese al olvido y dejadez con los que el sistema político los trata.