SANTO DOMINGO. Las quejas en contra de la Constructora Norberto Odebrecht y algunos de los contratos que firmó en el país datan de hace varios meses, pero sectores de la población empiezan a movilizarse y a tomar acciones concretas luego de que se reveló que esa empresa repartió entre funcionarios un soborno de unos US$92 millones.

El movimiento Poder Ciudadano anunció que acudirá a la Cámara de Cuentas a demandar que ese organismo investigue los patrimonios de los funcionarios que firmaron contratos con Odebrecht. En el país, la constructora brasileña tiene un portafolio de unas 17 obras, ejecutadas o en ejecución.

El movimiento, que reúne a unas 30 organizaciones de la sociedad civil, convocó para el domingo 22 de enero “La Marcha Fin de la Impunidad” en contra de los sobornos, que ya recibe apoyo de varios sectores.

El martes pasado depositaron una comunicación en la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas pidiendo la cancelación de todos los contratos que el Estado firmó con la constructora en los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, y demandan que se inhabilite a Odebrecht, para que en el futuro no pueda contratar con el Estado dominicano.

Como parte de su itinerario de protesta, Poder Ciudadano anunció que acudirá a la Procuraduría para exigir que se investigue a los funcionarios involucrados en los contratos. También la diputada opositora Faride Raful pidió al Ministerio Público suspender el contrato de las plantas a carbón de Punta Catalina, aunque no presentó una instancia formal.