Sugieren al Gobierno acuerdo extrajudicial con empresa brasileña

SANTO DOMINGO.- La organización no partidista, Participación Ciudadana, exigió acciones contundentes frente a la aceptación de sobornos y sobrevaluación de contratos por la empresa Odebrecht para obtener la adjudicación de obras en la República Dominicana.

A través de un documento enviado a la prensa, la entidad señaló que mientras en países como Ecuador, Panamá, Colombia y Perú, la acción pública puesta en movimiento por la Fiscalía General, la Procuraduría General de la República Dominicana está evaluando las informaciones solicitadas a los entes públicos que han tenido vínculos contractuales con dicha empresa.

Desde el 2002, la Constructora Odebrecht inicia trabajos para la ejecución de más de 18 obras de infraestructura (acueductos, carreteras y energía), la cual fue favorecida gracias al pago de más de $92 millones de dólares que distribuían mediante sobornos a funcionarios públicos, pago de comisiones a facilitadores e intermediarios, monto que garantizaba su obtención y retención, cuya inversión era incluida a través del incremento del costo real de las obras.

“Nueva vez el nombre de la República Dominicana queda sellado en los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York, divulgado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos,  como uno de los 12 países que la empresa Odebrecht  influyó en el presupuesto gubernamental, pagó sobornos a partidos políticos, funcionarios públicos, empresarios, facilitadores y representantes, donde se realizaron más de 100 proyectos”, destacó el organismo no partidista0.

Además, señaló que la empresa acordó pagar $2,047 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil para compensar los actos ilícitos por lo que se les investiga.

También solicitó a los expresidentes Hipólito Mejía,  Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina, a sus ministros de Obras Públicas, directores INAPA y de la CDEEE, presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, así como a los Senadores y Diputados donde se ejecutaron dichas obras, a los representantes de las compañías constructoras privadas que se presentaron en consorcio con la empresa Odebrecht y a todos aquellos que directa o indirectamente estén vinculados a las ejecuciones de obras, a ponerse a la disposición del Ministerio Público.

Finalmente hizo un llamado a la población civil a mantenerse activa para que esta nueva acción criminal no permanezca impune, “ya que la víctima directa de éste caso y de todos los casos de corrupción sin castigo es el pueblo dominicano”.

Expresó su apoyo la convocatoria a la Gran Marcha Pacífica contra la Impunidad  que se celebrará el día domingo 22 de enero a las 10:00 a. m.,  iniciándose en la intersección formada por las Avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero y terminará frente al Palacio Nacional, donde se demandarán acciones para que éste caso de soborno nacional e internacional no sea manipulado por el poder político partidario.

Datos Perú sugieren al Gobierno acuerdo extrajudicial con empresa brasileña
Los datos de que Perú llegó a un acuerdo con la Constructora Odebrecht, que le pagará unos US$8.9 millones como indemnización por los sobornos en ese país, lleva a algunos juristas a sugerir que República Dominicana pueda llegar a acuerdos extrajudiciales similares, ante el dilema que se le presenta al Gobierno de Danilo Medina de demandar a una empresa con la que tiene contratos millonarios para la ejecución de obras.

Según las informaciones reveladas por el Departamento de Justicia de Estado Unidos, Odebrecht habría distribuido US$92 millones como soborno para conseguir sus contratos en el país, donde ha sido beneficiaria de unas 16 obras de infraestructura.

Pese al conflicto legal que enfrenta en Brasil desde el 2014 por el tema del pago de sobornos, la empresa ha mantenido la ejecución de varias obras, incluidas las plantas a carbón de Punta Catalina, que conlleva una inversión de alrededor de US$2,000 millones y que, según el Gobierno, está avanzada en más del 70% y sin retrasos.

El gobierno de Danilo Medina tiene ahora que decidir entre una demanda judicial contra la empresa por los supuestos sobornos, o continuar las relaciones contractuales con ese gigante de la construcción en Latinoamérica.

El abogado Cándido Simón Polanco considera que el tema no es tan sencillo, y que cualquier acción judicial que se encamine tiene que enfocarse en los funcionarios dominicanos que engañaron al Estado al cobrar los supuestos sobornos.

“Por el principio de continuidad del Estado, esos funcionarios fueron los que estafaron a la empresa. Ahora, cuando ella ya sabe la situación y continúa, entonces se convierte en cómplice de ello”, explica.

Pero el jurista advierte que eso no supone que el Estado pueda romper los contratos con la constructora, pese a las presiones sociales que se presenten en ese sentido, pues, ello implica recurrir al arbitraje internacional, donde las posibilidades de éxito son cuestionadas, ya que se demandaría a una empresa que, hasta ahora, ha cumplido con sus ejecutorias de obras y plazos.

Simón Polanco insiste en que es conveniente llegar a un acuerdo extrajudicial con Odebrecht en el que, como hizo en Estados Unidos, la empresa acepte devolver el dinero que perdió el Estado por el soborno, y le colabore a la Justicia con los nombres de los funcionarios que aceptaron las dádivas, para que el caso no quede en impunidad.