SANTO DOMINGO. Un conjunto de organizaciones sociales convocaron hoy a toda la ciudadanía a la “Marcha por el Fin de la Impunidad”, que se realizará el próximo domingo 22 de enero para exigir que la investigación sobre el caso de los sobornos de Odebrecht en República Dominicana que, según las autoridades estadounidense, asciende a 92 millones de dólares, llegue hasta las últimas consecuencias.
En una comunicación de prensa, se informa que la manifestación pretende activar un proceso de lucha para desmontar la estructura de corrupción e impunidad instalada por la empresa constructora brasileña y funcionarios corruptos en el Estado dominicano.
La marcha se iniciará a las 10:00 de la mañana en la intersección de las avenidas Máximo Gómez con 27 de Febrero (Distrito Nacional) y concluirá frente al Palacio Nacional, después de bajar por la calle Doctor Delgado.
“El caso Odebrecht es uno de los casos más graves de corrupción de nuestro país y todo el continente. Las investigaciones ya van avanzadas en Brasil, Panamá, Perú, Ecuador y otros países de América Latina. En República Dominicana también deben ir presos todos los responsables. Vamos a exigir que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”, explican los convocantes en el comunicado.
Aseguran que demostrarán “que no es verdad que este pueblo solo piensa en comer”, como, afirman, dice el gobierno.
Organizaciones convocantes
La convocatoria la hacen el Foro Ciudadano, Poder Ciudadano, Somos Pueblo, el Centro Juan XXIII, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Bloque Popular, el Movimiento de Trabajadores Independientes, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, el Comité Codiano, la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, Feflas, Los Peregrinos de Moca, Juventud Caribe, FAPROUASD, La Multitud, el Frente Universitario Renovador y Grupo Milenio Verde (MIVER), entre otras.
Explican que la marcha será precedida de un conjunto de micro movilizaciones y acciones reivindicativas que buscan sumar a toda la ciudadanía a la lucha para que los recursos públicos sean dirigidos a la inversión social y no a las estructuras de corrupción.