La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana y demás organizaciones afiliadas y aliadas, lamentan profundamente las observaciones hechas al texto del Código Penal por el Señor Presidente de la República, con las cuales busca despenalizar el aborto voluntario en tres hipótesis.
Dicha observación, contrariando un principio constitucional, relativiza el valor de la vida de los no nacidos, quienes precisamente por ser los más débiles en nuestro cuerpo social, deberían encontrar en las leyes y autoridades mayor nivel de protección de las acciones del resto de seres humanos, especialmente de su madre y su médico, llamados a cuidarles con celo y especial empeño.
El llamado Aborto Terapéutico en la forma abierta en que es impulsado, constituye una contradicción de términos puesto que nunca tiene un efecto curativo sobre la enfermedad de la madre. En las circunstancias que así lo requieren, y de acuerdo con los protocolos médicos existentes, es siempre posible proteger la madre reconociendo, como manda la Constitución, igualdad en dignidad tanto de su vida como la de la criatura por nacer. La destrucción directa del feto, como se permitiría de acogerse la observación del señor Presidente, no es por tanto, una solución equilibrada. Si bien no siempre es posible obtener el resultado de salvar ambas vidas, constituye una obligación moral intentarlo hasta donde los recursos de la ciencia lo permitan. Ningún personal médico corre peligro por el hecho de cumplir su deber de intentar salvar ambas vidas.
Los lamentables casos de violación sexual, incesto y rapto merecen el repudio hacia sus perpetradores, quienes deben ser castigados duramente por las autoridades. Sin embargo, constituye una injusticia extrema pretender imponer la ira que esos deleznables actos provocan en la conciencia social, sobre un niño que no ha participado en ese crimen. Las mujeres víctimas de tan horrendos hechos, merecen la protección y el acompañamiento de las autoridades, y si producto de ellos han concebido una criatura, esas también deben ser protegidas hasta su nacimiento, momento en el cual las madres podrían acogerse a programas de adopción si fuere su libre y ponderada voluntad.
El valor de una vida con malformación, no disminuye por su limitación física, pues la evolución de la ciencia ha demostrado que cada vez aumentan las posibilidades de supervivencia en casos graves. Acabar con esa vida basados en un pronóstico, elimina de antemano la opción de luchar por su supervivencia. En casos extremos también los protocolos médicos proveen soluciones adecuadas.
Si bien el Señor Presidente ha sido coherente con su planteamiento, que respetamos pero objetamos firmemente, por lo cual también solicitamos al Congreso Nacional mantener la coherencia en sus actuaciones. Ha sido ese primer poder del Estado que ha fijado, ya en dos oportunidades, su criterio de protección a la vida del no nacido, como también lo hizo el constituyente cuando marcaron como pauta en el artículo 37 de la Constitución de la República Dominicana la protección de la vida desde su concepción.
Ante estos nuevos acontecimientos, asumimos el público compromiso de continuar luchando, con valor renovado, por la vida de los más débiles que no tienen voz propia para defenderse, impulsados por nuestra convicción de su valor y dignidad, independientemente de sus limitaciones físicas, o del trágico evento que les ha dado origen.
Pedimos al pueblo de Dios orar sin cesar por esta causa, para que Dios traiga unidad a la nación, sabiduría y discernimiento a las autoridades, por quienes continuamos orando de manera conjunta como pueblo de Dios.