Afirman régimen de consecuencia es el principal desafío de la justicia de RD

Nelson Peralta 

Análisis Noticioso
–SANTIAGO.-La falta de castigo a la corrupción y la muy cacareada impunidad se constituyen en el “talón de Aquiles” de la administración de justicia para el próximo año 2017, que  además fue un serio problema del país este año que concluye.

La falta de castigo a la corrupción ha sido el principal problema de credibilidad que enfrenta la justicia de la República Dominicana.

El Poder Judicial ha defendido la labor que realiza en los tribunales de la nación, sin embargo, cuando se hurga  en los resultados se puede dar cuenta de que hay una falla de ineficacia en la justicia.

El descrédito se observa básicamente en los aspecto s del bajo rendimiento de la justicia en el aspecto del régimen de consecuencias.

Y no es un problema de falta de leyes, sino de negligencia en la aplicación de la justicia que siente precedente para que sirva de ejemplo para frenar a otros que intente cometer los delitos.

La corrupción.

Se conocen los casos de supuesta corrupción, donde no hay aun nadie que este purgando condena por ese tipo de delito, lo que extraña que no exista cuando los hechos son tantos.

La impunidad en los casos de corrupción sobre todo cuando vincula a gente de poder en la política y ligado a la misma justicia es “el pan nuestro de cada día”.

Se observa a una sociedad civil impotente ante tantos casos de corrupción, cuya única forma  de atacar el problema es la denuncia, porque cuando legan a la justicia se desvanecen.

La fortaleza de la administración de justicia, mas aun cuando se trabaja para escoger nuevos miembros en algunas de las altas cortes es esencial para la institucionalidad del país.

En ocasiones el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán, ha hablado de deficiencias por falta de recursos económicos para nombrar mas jueces y crear nuevos tribunales.

En ese sentido, para este año 2017, al  Poder Judicial, que ha estado pidiendo incremento en su presupuesto, se le asignó 800 millones de pesos adicionales.