SANTO DOMINGO. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) apoderó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de una denuncia hecha contra el Ministerio de Turismo (MITUR) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) por la Asociación de Vendedores Buhoneros Artesanales de la Zona costera de la Provincia La Altagracia.
Los buhoneros acusan al MITUR, al CESTUR y a la Asociación de Vendedores y Pescadores Artesanales de la Playa Bávaro- Punta Cana- Macao – Arena Gorda de cobros de peajes, apresamientos y maltratos injustificados.
Señalan que pese a que la sentencia 185-2016 de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de esa provincia ordenara a las instituciones del Estado “cesar de ordenar, provocar o perseguir la privación de libertad” a los miembros de dicha asociación.
Lidio Cadet, director de DIGEIG, informó mediante comunicación a Juan Antonio Ruíz, presidente de la asociación, que el informe final de la denuncia, así como las recomendaciones fueron remitidas al Ministerio de la Presidencia para que intervenga e instruya al MITUR y al CESTUR para que tomen “las acciones necesarias para brindar igualdad a todas las asociaciones de vendedores ambulantes que están localizadas y ejercen el comercio en la zona costera de la provincia La Altagracia.
“En cuanto a las denuncias sobre supuestos de carácter penal, hemos procedido a apoderar formalmente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para que realice y proceda con las investigaciones de lugar en aras de esclarecer los supuestos ilícitos penales cometidos por servidores públicos denunciados”, expresa el comunicado.
Los Buhoneros artesanales dicen que en la actualidad no se les permite el acceso a la playa, violentando lo establecido en la sentencia así como sus derechos fundamentales al libre tránsito.
Los denunciantes explican que hay un conflicto de intereses. l