Entidades y organizaciones de la sociedad civil protestaron ayer para exigir que el presidente Danilo Medina vete el Código Penal convertido en ley por el Congreso Nacional, pues entienden que esa normativa violenta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al prohibir totalmente el aborto.
Así lo proclamaron una y otra vez durante una caminata que inició en el Parque Colón, frente a la Catedral, y recorrió la calle El Conde hasta llegar al Parque Independencia.
La caminata convocó a decenas de entidades que, al unísono, pedían con insistencia que el Código Penal sea observado por el Poder Ejecutivo.
Para las organizaciones participantes, los políticos y los curas son los responsables de que se vulneren los derechos femeninos, al impedir que las féminas puedan decidir sobre su propio cuerpo.
Así pues, denunciaron y condenaron a “los políticos sin conciencia y los curas sin almas”, y llamaron a “los curas a sacar sus rosarios de los óvulos”.
También rechazaron y maldijeron la prohibición establecida en el Código Penal, por ser un “acto cruel, inhumano y degradante”.
Además reiteraron su anhelo de que el aborto sea despenalizado cuando peligre la vida de la madre, cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida, y cuando el embarazo sea fruto de un incesto o violación.
Pidieron a gritos la observación de la normativa, refrendada por las cámaras legislativas a contrapelo del clamor de amplios sectores que promueven el aborto en circunstancias especiales.
Voces contra la ley. El doctor Fulgencio Severino juzga como “salvaje” y “anticientífica” la ley que impide la interrupción del embarazo.
Abriga serios temores de que médicos se nieguen a practicar abortos, pues podrían ser objeto de persecución penal.
Puso como ejemplo que embarazadas sufren preclancia, óbito fetal y otras complicaciones que obligan a la interrupción de la gestación.
Por tanto percibe que la ley debe ser “obligatoriamente revertida porque va contra las propias mujeres y los propios niños que ellos dicen proteger”.
Katherine Jaime, del “Foro Feminista Magaly Pineda”, observó que el presidente Medina ya vetó la ley antiaborto en el 2014, y que sería una contradicción si ahora no hiciera lo mismo.
Va más allá de la facultad presidencial de vetar la ley: prevé que, ante una posible promulgación, decenas de entidades acudirían a instancias internacionales.
Estima que el Código Penal, pendiente de promulgación, viola todos los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el país.
Según Lourdes Contreras, de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, la penalización absoluta del aborto es “una tortura para las mujeres”.
Eulogia Familia también deplora la normativa que penaliza totalmente la práctica abortista.
