La coalición de organizaciones agrupadas en el Foro Interfronterizo para una Mayor Inversión Pública, representada por iglesias evangélicas, iglesia católica, iglesia episcopal, juntas de vecinos, comerciantes, agricultores, ganaderos y ONG´s de la zona, se reunió hoy para mostrar su rechazo a la aprobación del proyecto de ley de presupuesto para el 2017, ya que en el mismo no se refleja la voluntad política de impulsar el desarrollo de las provincias fronterizas ni mejorar las condiciones de vida de los dominicanos y dominicanas que allí viven.
Durante los últimos meses de manera formal solicitaron audiencias con la Comisión Bicameral de Presupuesto que analizaba el anteproyecto 2017, con los senadores de las provincias fronterizas e incluso con algunos diputados para expresar y compartir sus inquietudes y alternativas para la inversión pública en el próximo año. Llamados que por desgracia en casi todos los casos fueron desoídos. Según opiniones de sus voceros “para muchos de los legisladores de la frontera la visión del desarrollo y de la política en el país solamente es relevante en los períodos electorales y luego sencillamente desaparece”.
Como organizaciones de la sociedad civil llaman la atención sobre el hecho de que el presupuesto 2017 no tiene un enfoque territorial para la descentralización de la inversión pública, lo que implica la perpetuación de la desigualdad e inequidad social creada históricamente en la frontera. Así mismo, su ejecución contribuirá con el agravamiento progresivo de las limitaciones relativas al acceso a servicios públicos básicos de calidad que vienen afectando a los ciudadanos que viven en las comunidades de Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Pedernales, que recordemos son las provincias con mayores índices de pobreza y extrema pobreza en República Dominicana.
Desde la coalición de organizaciones agrupadas en el Foro Interfronterizo para una Mayor Inversión Pública consideran que es inaceptable para un país que el resultado en la vida de su población pueda depender del lugar donde haya residido y no del esfuerzo personal. Para las organizaciones que componen esta coalición, desde una perspectiva de derechos, no es justo que las capacidades y oportunidades que tenga un dominicano o dominicana que viva en Comendador o en Jimaní sean menores que las de quien vive en el Polígono Central del Distrito Nacional. Esas distancias hay que reducirlas a través de políticas públicas porque el Estado es quien debe garantizar un mínimo de calidad educativa, de salud, de oportunidades de empleo, de acceso a los servicios públicos a todos los ciudadanos dominicanos, tal y como marcan los art. 8 y 10 de nuestra Constitución.
Es por este motivo que solicitan al gobierno de República Dominicana que priorice la inversión en las provincias fronterizas para romper la brecha histórica de pobreza que se ha ido creando, que se mejorare la calidad del gasto y que se termine con el asistencialismo-clientelismo en este presupuesto 2017. Para motivar estos cambios han iniciado, inmediatamente después de que se aprobara en el senado el proyecto de ley de presupuesto, una campaña permanente de recogida de firmas en toda la frontera solicitando una mayor inversión. Hasta el momento cuentan con más de 4,800 firmas que llevaran a todos los senadores fronterizos que votaron a favor de un presupuesto que resulta lesivo para los intereses de los habitantes de sus comunidades. De este modo esperan que ellos puedan revertir la situación de inequidad y de injusticia social que se creara de no modificar este presupuesto.