Santo Domingo.-El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, garantizó este lunes que en caso de materializarse la venta de acciones por parte del Gobierno de la planta generadora de energía en Punta Catalina a inversionistas nacionales o extranjeros, se hará mediante un proceso totalmente transparente.
Adelantó, además, que el Estado Dominicano no se desprendería de la totalidad de las acciones, sino que se quedaría como un socio de la empresa operadora.
“Lo importante en una negociación de esta naturaleza es que se tendrá todo el cuidado con los inversionistas, pero sobre todo, si se va hacer, se hará con una licitación verdaderamente transparente, en la que el pueblo dominicano conozca todos los detalles”, expresó.
El funcionario respondió preguntas sobre el particular de periodistas que cubren en el Palacio Nacional luego de participar en una reunión de seguimiento de parte del Gobierno a los efectos en la República Dominicana por el paso del huracán Matthew en aguas del Caribe.
Dijo que tal y como se ha planteado, la posible venta de acciones, por mil millones de dólares, se hace con la finalidad de sustentar montos del presupuesto general del Estado correspondiente al año 2017.
Debemos recordar que el presidente Medina durante su discurso ante la Cámara Americana de Comercio, el 10 de diciembre del pasado año, precisó, llamó al empresariado a participar en la generación eléctrica de la referida planta.
Sostuvo que, ciertamente, varias empresas extranjeras, de diferentes países, ya han mostrado interés invertir en la oportunidad de negocio que se les presenta con la planta Punta Catalina.
La Central Punta Catalina se construye en la comunidad de igual nombre, en Baní, desde finales de 2013. Está compuesta por dos unidades de última generación de 360 megavatios (mgw) cada una, que aportarán al Sistema Eléctrico Interconectado 720 megavatios.
Revisión de leyes
En otro sentido, Peralta dijo que, en su momento, habría que revisar aquellas legislaciones que establecen porcentajes presupuestarios para determinadas instituciones del Estado.
Señaló que la Consultaría Jurídica del Poder Ejecutivo ha adelantado que esas leyes, una vez aprobado el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de un año, quedan automáticamente sin efecto debido que la misma deroga cualquiera que le fuera contraria.