El Consejo del Poder Judicial (CPJ) determinó que la destituida jueza de La Romana, Aristilda Mercedes Rodríguez, quien fue sometida a juicio disciplinario por liberar en marzo de 2016 a cinco venezolanos acusados de narcotráfico, incurrió en hechos de notoria e injustificada imprudencia que ocasionaron graves lesiones a la imagen del Poder Judicial.
El CPJ, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, consideró que las actuaciones de la magistrada constituyen un atentado contra la imagen del Poder Judicial, por lo cual recalcó que “se justifica que la misma sea sancionada en aras a la preservación de la imagen del Poder Judicial Dominicano”.
Mediante la resolución número 10/2016, de fecha 30 de agosto del 2016, el CPJ declaró a la magistrada Aristilda Mercedes Rodríguez, de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de La Romana, culpable de haber cometido faltas en el ejercicio de sus funciones.
Ordenó la destitución del cargo al comprobar que la jueza incurrió en violación de los artículos 41 numeral 3; 61 y 66, numerales 2, 7 y 14, de la Ley 327-98, sobre Carrera Judicial; los prin cipios del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, sobre Conciencia Funcional e Institucional, Legalidad, Prudencia y Responsabilidad y el Código Iberoamericano de Ética Judicial.
“Los hechos comprobados constituyen un atentado contra la imagen del Poder Judicial, por parte de la magistrada procesada Aristilda Mercedes Rodríguez, constituido en la especie por el manejo exageradamente imprudente del proceso a su cargo”, dice el CPJ.
En una resolución de 79 páginas, el Consejo argumentó que está en la obligación de velar porque todos los miembros del Poder Judicial ejerzan sus funciones dentro de las más estrictas normas de probidad, honestidad y moralidad, a fin de que no incurran en notorias inconductas que pudieren lesionar la imagen de la institución.
Estableció que “ha podido comprobar que ésta incurrió en la comisión de hechos de notoria e injustificada imprudencia, con los cuales ocasionó graves lesiones a la imagen del Poder Judicial, y por lo tanto se justifica que la misma sea sancionada en aras a la preservación de la imagen del Poder Judicial Dominicano”.
El CPJ suspendió también por 30 días sin disfrute de salario al magistrado Ramón Francisco Ureña Ángeles, de la Tercera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, al hallarlo culpable de cometer faltas en el ejercicio de sus funciones.
PROCURADURÍA SOMETIÓ AJUEZA DE LA ROMANA
El Consejo del Poder Judicial fue apoderado de una denuncia en contra de la jueza por parte de la Procuraduría General de la República, que consideró que la magistrada violó el ordenamiento procesal penal al ordenar la libertad pura y simple de unos imputados de nacionalidad venezolana que habían sido apresados en flagrante delito con 359 kilos de cocaína en una avioneta que se encontraba en el aeropuerto de La Romana.
En el expediente del CJP se indica que la magistrada dispuso la libertad pura y simple, fundamentada en que había un error numérico en la orden de inspección de la aeronave. Los venezolanos acusados por el alijo de 359 kilos de cocaína son Carlos Justiniano, Jorge Henríquez, Gregory Frías, Geraldo Díaz y Jean Carlos Díaz.