SANTO DOMINGO. El 16 de Agosto de 2016 se establece como un punto de referencia en la libre elección de los bufetes directivos en los ayuntamientos del país. A pesar del temor existente ante la posibilidad de hechos violentos, pasó sin incidentes.
Se argumentará que los concejos fueron flanqueados por un amplio operativo policial, que en algunos lugares se hicieron amarres previos. Pero la realidad es que se votó. Se ganó y se perdió y no hubo conatos de violencia.
Sin embargo, que sean los regidores quienes elijan a sus bufetes es quizá el primer paso, pero no debe ser el objetivo. Que la oposición presida los concejos municipales puede ser un reflejo de democracia municipal o de boicot a una autoridad elegida. A fin de cuentas los alcaldes son la versión municipal de un poder ejecutivo y, por tanto, han sido elegidos para gobernar, no para ser torpedeados, aun con el 30% del favor popular.
Que los opositores pretendan bloquear una gestión municipal porque un alcalde no cuente con la mayoría de los regidores, indica que quienes les oponían no supieron forjar un bloque opositor para vencerle. Los ciudadanos no pueden sufrir la incapacidad de quien no tuvo la previsión de aliarse.
El artículo 52 de la Ley 176-07 señala que el concejo municipal es el órgano colegiado del ayuntamiento, su rol es estrictamente normativo y de fiscalización, en modo alguno ejerce labores administrativas y ejecutivas. Sin embargo, está entre sus atribuciones la aprobación y modificación del presupuesto municipal.
Esto no significa que debe ser un sello gomígrafo. El presidente del concejo tiene el poder de acordar las sesiones municipales, fijar las agendas, nombrar los miembros de los organismos y comisiones del concejo, firmar los actos y correspondencia del concejo, visar las certificaciones de los acuerdos del concejo, disponer la publicación y comunicación de los acuerdos del concejo, visar las órdenes de pago expedidas por el síndico cuando se trate de gastos extraordinarios que no consten en el presupuesto y supervisar los trabajos de la contraloría interna, entre otras funciones.
Por tanto, este primer paso es solo el inicio de lo que puede ser una mejor implementación del sistema democrático, y no quedarse en el golpe de efecto de un momento político.
Lo más importante del pasado 16 de agosto es que se sienta un precedente. Los que hoy son de oposición, y los que están en el poder, tienen la obligación de crear una cultura democrática dentro de los cabildos.