Por Félix Jacinto Bretón
Uno de los poderes del Estado que merece la mayor consideración y atención por parte de los organismos correspondientes, es el judicial, el que siempre se ha considerado “como la cenicienta” de los poderes públicos, lo que resulta deprimente si tomamos en cuenta los avances que experimenta la sociedad y el mundo en todos los aspectos.
Si queremos mayor eficacia, menos corrupción y más independencia de nuestra justicia, indefectiblemente debemos mirar hacia el poder judicial, y sobretodo, hacia los jueces y todo el conglomerado que se desenvuelve en su entorno.
Los jueces del país han iniciado una lucha para que se destine el 2.66% del Presupuesto del Estado para mejorar los salarios de ellos y los demás servidores judiciales, lo que debe tomarse como una prioridad si de verdad queremos adecentar la justicia dominicana.
A continuación, el texto íntegro de un documento divulgado por los jueces sobre las demandas planteadas:
Los JUECES Y JUEZAS POR LA AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL, con el apoyo de los demás servidores judiciales, iniciaron este lunes 1o de agosto lo que este colectivo ha denominado LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL con la reclamación de la entrega, al Poder Judicial, del 2.66% de los ingresos del Estado, conforme al mandato de la ley 194-04, de 28 de julio de 2004, sobre la base de lo establecido por el artículo 149 de la Constitución de la República y lo decidido por el Tribunal Constitucional mediante su sentencia TC/0001/15, dictada en fecha 28 de enero de 2015, decisión que “se impone como precedente vinculante a todos los poderes y órganos del Estado”, según lo prescrito por el artículo 184 de la Constitución de la República.
El acto de inicio de la lucha anunciada por esta agrupación consistió en la lectura de un documento titulado MANIFIESTO POR LA AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL, así como el izamiento de una bandera alusiva a esta reclamación. Este documento fue leído en todo el país, de manera simultánea, frente a la explanada principal de los 35 distritos Judiciales, por un representante de los jueces en cada una de esas circunscripciones. El acto contó, además, con la presencia masiva de los empleados judiciales de esos lugares, en manifestación de apoyo a una lucha que consideran que es de todos.
En el documento entregado a la presan los JUECES Y JUEZAS POR LA AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL se quejaron de que, pese a lo dispuesto por la Constitución y al mandato legal, los poderes Ejecutivo y Legislativo se han puesto de acuerdo para negar al Poder Judicial el presupuesto que la ley le asigna, haciéndolo un poder económicamente dependiente, carente de autonomía y, consecuentemente, de independencia, “lo que evidencia –agregan- que no se ha hecho justicia a la justicia, ni aun con el mínimo vital que reclama nuestra forma de estado social y democrático de derecho”.
Señalan que este desconocimiento de la Constitución y la ley se pone de manifiesto en el hecho de que para el año 2016 el Consejo del Poder Judicial solicitó una asignación de RD$ 10,983.3 millones, pero el poder político solo le aprobó RD$ 5,606.6 millones, lo que significa menos del 50% de lo solicitado y mucho menos de lo que acuerda la referida ley 194-04, lo que constituye una violación flagrante del mandato legal.
Señalan que esta situación ha generado una grave situación financiara que asola, de manera dramática, todo el Poder Judicial, situación que se revela en los siguientes datos:
• El 72.75% se destina a remuneraciones y contribuciones.
• El 22% se dedica a gastos fijos. Esto incluye la cobertura de los servicios básicos, la adquisición de materiales y suministros para la operación de los tribunales a nivel nacional y los fondos destinados a la Escuela Nacional de la Judicatura, así como el alquiler de más de 133 locales donde operan numerosos tribunales, entre los cuales figuran el Palacio de Justicia de la Provincia Santo Domingo, 80 Juzgados de Paz, 5 Cortes de Apelación, 19 Tribunales de NNA y 8 Tribunales de Tierras.
• Lo anterior revela que de todo el presupuesto del Poder Judicial, el 96.7% se destina a cubrir gastos corrientes, lo que significa que queda solo una ínfima cantidad (el 3.3%) para los gastos de capital, donde se incluye las inversiones y los proyectos de desarrollo. Este último dato resulta alarmante si tomamos en cuenta que existen 98 tribunales creados por ley pendientes de ser puestos en funcionamiento.
• Es por ello que, en la actualidad, existe un promedio de siete jueces por cada cien mil habitantes a nivel nacional y que en la Provincia Santo Domingo (departamento judicial que recibe la mayor cantidad de casos penales de todo el país) hay solo dos jueces por cada cien mil habitantes, una cifra realmente alarmante.
• El 50% de los servidores judiciales devenga un salario bruto inferior a RD$ 15,000 mensuales, es decir, un 70% inferior al costo promedio de la canasta familiar.
Declaran que ante esta alarmante situación tienen la firme determinación de luchar codo a codo con los órganos de gobierno del Poder Judicial “para poner fin a la historia de prosternación construida cada año al implorar un mayor presupuesto judicial”, aunque dicen tener fe en la sensatez, cordura y buen juicio del Poder Ejecutivo al momento de elaborar el presupuesto general del Estado, a fin de que la propuesta presupuestaria sea hecha con plena sujeción a la proporción acordada por la ley, como aspira la comunidad de jueces y juezas de la República”. Lucha –dicen- a la que dan inicio con una campaña de sensibilización dirigida a los poderes públicos y a las fuerzas vivas de la Nación, en particular, y a la ciudadanía, en general, en particular, sin descartar el apoderamiento de las instancias judiciales y constitucionales competentes, si fuere necesario, con el fin de obtener la autonomía procurada mediante la asignación del presupuesto que mandan la ley y la Constitución de la República.
(Hasta aquí).
Autonomía para el poder judicial. Seguimos en combate!