Por Leonardo Sanchez
Con las acciones que se están gestando en la transición política después de las elecciones, se evidencia la continuación del reparto gracioso de los recursos del presupuesto nacional con aumentos de sueldos y pensiones, injustificados y violatorios de la constitución por ser el resultado de legislación en provecho propio.
Los hechos no son aislados. Tampoco son casuales.
Son el resultado de la idea del estado piñata establecido bajo el control del partido de gobierno y donde todo se justifica y se acepta, aunque se violen leyes o se afecten instituciones.
Los verdaderos servidores públicos sobreviven precariamente con sueldos y salarios pírricos y, cuando les llega la edad de una pensión, si la consiguen, reciben una miseria como sustento.
Pero, estos felones públicos se asignan sueldos de lujo y, con cuatro o seis años como funcionarios, se otorgan pensiones también de lujo en claro contubernio con los funcionarios e instituciones que deben normar y regular los beneficios de los servidores públicos.
La idea es no afectar a la militancia ni a los aliados partidarios, propiciando “beneficios” que ofenden y agreden a los trabajadores que siempre han esperado en vano una mejoría en sus magros salarios y escasos beneficios.
Pero legisladores nacionales y municipales, entienden que ellos merecen más que nadie recibir unos beneficios extraordinarios por sus nulos esfuerzos y vacíos aportes a la sociedad.
Y se auto asignan sueldos y pensiones a todas luces inmerecidas y por demás ilegales. Pero nadie dice nada desde el horizonte judicial llamado a detener esos aprestos y actos ilegales.
El ministerio público no se da por aludido. No hay rumor público capaz de conmover su voluntad de ignorar los hechos.
En eso son consistentes.
Y la indiferencia es tal, que no han bastado los innumerables reportajes de prensa denunciando las acciones ilegales de los infractores. Se les extiende el mismo manto de impunidad acostumbrado.
Todo indica que los hechos son el producto de acuerdos políticos entre las “fuerzas” aliadas que “ganaron” el pasado proceso electoral.
Y para ellos, entre ellos, y contra todos los que pagan impuestos para recibir servicios públicos decentes que no reciben, todo queda justificado.
Las leyes y la moral son cuentos para ruborizar a los pendejos, aunque la constitución prohíba legislar en provecho propio.
No hay respeto a los procesos administrativos, porque su fin avaricioso justifica sus medios desvergonzados y asqueantes.
Por eso fueron capaces de alterar los procesos internos de los partidos sin realizar convenciones internas para imponer a los candidatos ahítos del pragmatismo justificador de lo que sea, siempre que les beneficie a ellos y al partido.
Así, los que salen de los cargos legislan para los que entran y éstos últimos, no tienen la voluntad política ni la iniciativa ética de cambiar lo que “hicieron otros” aunque fuera en su favor. Y todos felices, mientras el dinero de los impuestos se despilfarra en ese reparto perverso, soez y sin rubor.
Es decir, las alianzas partidarias y acuerdos de aposento, son colocados por encima de las leyes, y los responsables de poner coto a esa situación, obviamente beneficiados por tales conciliábulos, guardan irresponsable silencio cómplice.
Principalmente el jefe del ministerio público, quien lo nombra y lo hace responsable de actuar contra las violaciones a las leyes; teniendo la obligación de “cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes”.
Para él, es como si no estuviera ocurriendo nada y que no están violando la constitución.
Pero eso es letra muerta ante las conveniencias políticas, las “chivas amarradas” y el riesgo de perder militancia política, por lo que el reparto ha sido la fórmula mágica para dejar a todos contentos y satisfechos.
Ese reparto soez y nauseabundo, establecido porque sí, porque ellos pueden por su fuerza de cara.
Es lo que han venido haciendo desde que asaltaron el poder, rompiendo todos los parámetros establecidos para las remuneraciones de los servidores públicos, sobrepasando con creces los emolumentos y beneficios del sector privado que antes lideraba los beneficios derivados del trabajo asalariado.
No tienen hiel. Se otorgan enormes sueldos, viáticos, “regalos”, cofrecitos, barrilitos, semana santa, navidades, combustibles, exoneraciones, spa, restaurantes, pensiones, seguros médicos especiales, sin hacer verdaderos trabajos para el estado en servicio de la sociedad.
Ejecutan este atraco al erario y a los fondos de pensiones, sin ruborizarse y justificándolo públicamente, sin ambages; con todo el desparpajo y el descaro impúdico de que son capaces.
Porque su gusto es su medida.
¡Y no les da vergüenza!
Porque no tienen ninguna cuando se trata del dinero público.