SANTO DOMINGO.- Una encendida política ha provocado una iniciativa legislativa, contenida en el proyecto de ley de nuevo Código Penal, mediante la cual sería criminalizado el aborto en la República Dominicana, con la única excepción de los casos en los cuales la vida de la mujer esté en riesgo.
La misma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados pero para ser convertida en ley debe ser también aprobada por el Senado.
Amnistía Internacional (AI) y Oxfam
Ayer las organizaciones Amnistía Internacional (AI) y Oxfam criticaron que el país mantenga la criminalización del aborto en casos de violación o malformación incompatible con la vida en su nuevo Código Penal.
En un comunicado, consideraron que la República Dominicana ha perdido una oportunidad de oro para proteger los derechos humanos de las mujeres, rechazando despenalizar el aborto.
“Con esta decisión la República Dominicana no sólo le da la espalda a miles de mujeres dominicanas sino que las continúa tratando como criminales por ejercer derechos que les son básicos”, dijo la directora adjunta de Campañas de Amnistía Internacional, Juliana Cano Nieto.
“Esta decisión supone un claro retroceso con respecto al Código Penal aprobado en 2014 y que incluía la despenalización del aborto ante 3 causales y que daba mayor protección a las mujeres de República Dominicana” afirmó, por su parte el director de Oxfam en en el país, Raúl del Río.
Esto constituye una medida violatoria de derechos humanos de las mujeres, que va a afectar desproporcionadamente a aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza, apuntan las organizaciones.
Evangélicos dicen es ¨de gran avance
Fidel Lorenzo Merán
El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), reverendo Fidel Lorenzo Merán valoró como positiva y de gran avance para el país la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del nuevo Código Penal que incluye la penalización del aborto acorde con la Constitución de la República que protege la vida desde la concepción.
La iniciativa, que establece además un aumento de la pena máxima de 30 a 40 años y la acumulación de hasta 60 años de prisión, fue declarada de urgencia y aprobada con el voto favorable de 132 legisladores, mientras que otros seis votaron en contra.
Indicó que el tema del código penal era uno de los grandes asuntos pendientes de la nación en materia legislativa, ya que era necesario adecuarlo a los nuevos tiempos en que algunos crímenes y delitos debían castigarse con nuevas penas.
Señaló que el artículo 110 que enviaba el tema del aborto a la creación de una ley especial fue eliminado, tal como amplios sectores del país habían reclamado, porque el aborto en la forma de que algunos sectores planteaban era inconstitucional.
En la nueva legislación, el aborto se castigará con penas de dos a tres años, y se incluye a la mujer que lo cause o a una persona que le ayude. Del mismo modo, al médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional que ayuden a causar el aborto. La pena sería de cuatro a 10 años.
También estimó como de gran avance para la protección del derecho a la propiedad, la penalización la invasión y ocupación de tierras, y sobre el secuestro, que se contempla penas de 20 a 30 años, además de que fija castigos de cuatro a 10 años a los adultos que induzcan a menores a cometer actos delincuenciales.
Asimismo, se castiga la invasión de terreno, el feminicidio, el envenenamiento, y el crimen de lesa humanidad, entre otros.
“Planteamos que el nuevo Código Penal sea de inmediata aplicación, tan pronto lo aprueben ambas cámaras y lo promulgue el Poder Ejecutivo”, indicó Demóstenes Martínez, presidente de la comisión de Justicia, que estudió el proyecto.