SANTO DOMINGO. La Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en el país consideró una medida “oportuna y acertada” la iniciativa formulada por el Gobierno dominicano de extender la vigencia de los permisos migratorios durante un año a 155,477 personas que se inscribieron en el Plan de Regularización con su cédula o acta de nacimiento y que presentaron documentos que demostraban su ingreso al país antes del 19 de octubre de 2011.
“La medida adoptada por el gobierno de Danilo Medina, por razones económicas y humanitarias, tiene el objetivo de seguir normalizando la situación de miles de extranjeros que residen en el país y dar estabilidad a todas estas personas, que estudian o trabajan en República Dominicana, y que ya contaban con un estatus migratorio regular desde hace ahora un año”, reconoce la Red en un comunicado.
Sin embargo, ve urgente hacer un llamado a los agentes migratorios y a los cuerpos militares de Cesfront y Ejército de Repúblioca Dominicana “para que situaciones como las de Jean Dorcidien, quien tiene inscripción en el Plan Nacional de Regularización Nº DO-32-037771 y fue deportado el jueves 7 de julio por la puerta fronteriza de Jimaní, no se sigan produciendo”. Agrega que el pasado lunes 11 de julio, los monitores de los Centros Sociales denunciaban que agentes de migración deportaron a 3 personas por la puerta fronteriza de Dajabón pese a tener el carnet de regularización en su poder.
Piden un diálogo
La Red dice que le queda la duda sobre lo que sucederá “con las 37,849 personas que se inscribieron en la regularización migratoria y solo poseen a día de hoy el papel blanco de inscripción en el Plan”.
“La mayoría de ellas, más de un año después de haber realizado su inscripción, siguen apareciendo en los registros del Ministerio de Interior y Policía como en tramite su solicitud, teniendo una situación de limbo jurídico y estado migratorio indeterminado”, plantean.
Es por esto que sugiere que el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración abran un espacio “urgente e inaplazable de diálogo, para abordar este y otros temas para entre todos poder encontrar alternativas y una solución sana y práctica para la elaboración de un compromiso para una política migratoria más justa en el país”.
La organización pide al Gobierno y a las organizaciones de la sociedad civil aunar esfuerzos para trabajar de forma conjunta en el proceso que comenzará a partir del 17 de junio de 2017, donde unas 239,000 personas extranjeras tendrán que renovar su permiso migratorio en el país.