Partidos políticos y sociedad civil promueven un pacto político y judicial
SANTO DOMINGO. La Coalición por la Justicia y la Seguridad inició ayer un movimiento nacional para una reforma judicial, y para que no haya una “repartición” de los puestos en las altas cortes y las instituciones del Estado, entre los partidos políticos y la propia sociedad civil.
La iniciativa de 18 organizaciones de la sociedad civil surgió para recoger iniciativas e inquietudes de los sectores del país para plantearla en la Cumbre de la Justicia.
Las organizaciones realizarán cuatro foros antes de a esa cumbre para fortalecer la institucionalidad del país.
En la exposición central, la politóloga Rosario Espinal lamentó que la oposición política esté desarticulada y resaltó que la iniciativa de las organizaciones políticas es importante para lograr presión social, y que el gobierno los escuche si quiere lograr legitimidad.
La dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Milagros Ortiz Bosch, señaló que los grupos sociales pueden contar con ese partido “sin radicalismos y con inteligencia”.
El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún, planteó que se elimine del Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República, ya que con eso el partido gobernante buscó tener mayoría.
El presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, propuso la despolitización de la justicia como primer paso para sanearla, y afirmó que el primero que debe atender los reclamos es el gobierno, ya que sin credibilidad no hay legitimidad.
El vicepresidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Luis Miguel De Camps, resaltó que la sociedad civil no debe poner a todos los partidos “en el mismo saco”, mientras excluyen a las organizaciones políticas queriendo su eliminación.
De Camps pidió que haya una relación sincera entre la sociedad civil y los partidos políticos para que no se siga deslegitimando a las instituciones del Estado.
Francisco Álvarez, representante de la coalición, manifestó que es necesario “el cese de la repartición” de esos puestos, y abogó porque los ocupen personas independientes y capaces.
Al participar en representación de la Conferencia del Episcopado Dominicano, monseñor Carmelo Santana recordó que la Iglesia Católica instó a continuar saneando la justicia, al señalar que “en este estado de incertidumbre, desigualdad social, pobreza, delincuencia, deficiencia educativa, violencia, impunidad destrucción y contaminación del ambiente, pérdida de valores e identidad no puede haber una convivencia humana”.
Yokaurys Morales, de la Red Nacional de Jueces, reconoció que la imagen del Poder Judicial se ha deteriorado, pero aseguró que eso no refleja la realidad de la mayoría de los jueces.
“Exigimos justicia para la Justicia”, expresó, al destacar la necesidad de que se dedique un 2.66% del presupuesto para el sistema judicial, al señalar que el 70% de los servidores de justicia devengan menos que el sueldo mínimo que se requiere. Resaltó que se realizan esfuerzos para que los jueces sean académicos.
El presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, Antonio Taveras, alertó ante la influencia del crimen organizado “que atenta contra la propiedad privada muchas veces amparada en sentencia fraudulentas o compradas para con una turba para hacer supuestos embargos”.
Encabezan la coalición Acción por la Justicia y la Seguridad, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Participación Ciudadana, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo (AEIH), el Centro Bonó, el Centro Juan XXIII, EDUCA, Acoprovi, ANJE, el CODUE, FLACSO, Profamilia, la Cámara Americana, la Pastoral Juvenil y Poder Ciudadano.
Diputados de la oposición pidieron ayer al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manejarse con equilibrio en la escogencia de los miembros de las Altas Cortes.
El diputado reformista Pedro Botello afirmó que su partido se mantendrá vigilante para que el PLD cumpla con los principios de ética, prudencia y razonabilidad, y no utilice su mayoría mecánica para escoger en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los miembros de las Altas Cortes.
Dijo que lo que reclama la sociedad es la legitimidad de la democracia.
En tanto que el diputado perremeísta Ramón Bueno dijo que al PLD debe servirle de ejemplo que recibió muchas críticas con la escogencia de los miembros de las Altas Cortes, por lo que espera que después del 16 de agosto, cuando vuelva a escoger a esos magistrados, lo haga con mayor equidad.
Lo mismo cree que debe suceder en el Senado con la elección de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE).
Pero la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, piensa que el hecho de que se escojan políticos en esos cargos no indica que su selección no se haya hecho de forma equilibrada.
Pidió a los diversos sectores que tienen inquietudes sobre esas decisiones no predisponerse al respecto.