SANTO DOMINGO. Que una organización política concentre el poder de los distintos órganos que deben servir de contrapeso en un Estado de Derecho, no es una novedad en el esquema de gobernanza que ha prevalecido en el país desde su propia fundación, pero sí representa una pérdida de la credibilidad del sistema democrático y sus instituciones.
En ello coinciden los sociólogos Iván Ogando, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), y Cándido Mercedes, así como el politólogo José Antinoe Fiallo Billini.
“Una alta concentración del poder político en cualquier sociedad, tiende a afectar la calidad de la democracia, porque reduce la credibilidad del sistema de balances y contrapesos entre los poderes del Estado y la necesaria independencia que debe prevalecer más allá de las coincidencias política-partidarias”, expone Ogando. Señala que esa pérdida de credibilidad afecta el desarrollo institucional, y se fomenta la percepción de que los intereses del grupo en el poder priman sobre el interés general. “Al margen de los resultados electorales, la concentración puede erosionar la legitimidad de ese partido”.
Mercedes, de su lado, explica que las instituciones constituyen los mecanismos que sirven de contrapoder, pero que los últimos años ha habido una degradación, al punto que no existe ninguna ley que se cumpla en el país. “Recientemente, hice una auditoría a la mayoría de las leyes y wao!, nos quemamos con muy mala nota. Fíjate, la Ley de Declaración Jurada de Bienes 311-14, ya con dos años, y nada. Dijo Licelot Marte (presidenta de la Cámara de Cuentas), que todavía faltan cientos de funcionarios por declarar, pero la misma es clara en su artículo 14, su falta de cumplimiento está tipificado a su vez en la ley de Función Pública, y su inobservancia implica la destitución automática”.
El sociólogo refiere otras leyes que sufren violaciones constantes, que entiende son los ejemplos palpables de lo que ocurre en las sociedades cuando se pierde la institucionalidad.