Jueza descarga empleados de Aduanas acusados de robar 156 mil dólares a pasajera

palacio justica santgiago

Santo Domingo.-El Tercer Juzgado del Distrito Judicial de Santiago descargó a ocho ex empleados de la Dirección General de Aduanas acusados de robar 156 mil 557 dólares a una pasajera en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en junio del pasado año.

La magistrada Ingrid Liberato dictó un no ha lugar basado en que, según dijo,  no encontró pruebas suficientes contra los implicados en el caso, que se originó cuando la pasajera Osairy Mercedes Quezada Perdomo denunció que le sustrajeron el dinero que traía en una maleta.

El fallo favoreció a Domingo Antonio Pilarte, Marcos Daniel Felipe, Mairelin Rodríguez Batista, Leovigildo Ubiera Paulino, Nery del Carmen Correa, Benito Henríquez Tejada, Luz Carlina Infante Fermín y el oficial del Ejército Nacional Ramón Hipólito Henríquez Tejada.

En tanto que la pasajera Osairy Mercedes Quezada Perdomo fue enviada a juicio de fondo y sus abogados lograron variar la calificación de su expediente de lavado de activos a contrabando.

Indignación en Santiago

Ha generado descontento en la ciudad de Santiago de los Caballeros la puesta en libertad de siete exempleados de la Dirección General de Aduanas (DGA), acusados de robar 156 mil dólares que trajo como “mula”, Rosairy Mercedes Quezada por el Aeropuerto del Cibao en esta ciudad.

Varios juristas entrevistados atribuyeron el hecho a debilidades propias del sistema judicial dominicano, así como a deficiencias del Ministerio Público por no fundamentar bien los procesos judiciales.

Dijeron que la justicia está permeada por los agentes del poder y que en República Dominicana existe una política de impunidad, país en el que los protegidos de “un régimen corrupto y dictatorial no pueden ser tocados”.

La decisión de liberar a Luz Carolina Infante, Ramón Hipólito Henríquez, Benito Henríquez Tejada, Domingo Pilarte, Marcos Felipe, Mairelin Rodríguez Batista, Leovigildo Ubiera, fue de la jueza Ingrid Liberato, del Tercer Juzgado de la Instrucción, quien basó su fallo en que no encontró elementos probatorios contra éstos.

El hecho se produjo el 29 de junio del 2015, luego de publicar un video en las redes sociales en el que aparecen varios empleados de esa institución estatal, repartiéndose el dinero.

Se recuerda que los imputados guardaban una prisión preventiva por 12 meses, impuesta por el Tribunal Colegiado de la Cuarta Cámara Penal de Apelación de Santiago.