SANTO DOMINGO. La jueza de la Instrucción Especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó ordenar a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) realizar las diligencias de investigación solicitada por la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré y el exmiembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, quienes están acusados de negociar sentencias.
Ramona Rodríguez López, en su resolución estableció que al solicitar autorizar la entrega del vídeo donde se registra su entrada a la Suprema Corte de Justicia Durante, el mapeo de su celular, así como una experticia a la computadora del secretario del Consejo del Poder Judicial, no se estableció las razones por las cuales desea que se hicieran dichas diligencias.
Dijo que el pedimento de realizar una nueva experticia caligráfica al recibo donde Reyes Beltré presuntamente le devuelve a Arias Valera los 350 mil pesos que este le dio como adelanto para dejar en libertad al regidor por Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís, es improcedente ya que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) es el órgano facultado por la ley para auxiliar los órganos de investigación.
Sin embargo, la magistrada Rodríguez López aclaró que los imputados pueden aportar como elemento de prueba la experticia realizada por otro órgano que no sea el Inacif.
Para sustentar sus solicitudes de diligencias investigativas, los imputados por prevaricación en el ejercicio de sus funciones, explicaron que desde que se inició la persecución penal han solicitado una serie de diligencias investigativas, entre ellas la mapificación al celular de la suspendida jueza, así como cruces de llamadas, pero el PEPCA se negó y se apresuraron a presentar acusación en el mes de enero.
Pedían que el recibo sea enviado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que esa entidad sea que realice la prueba caligráfica porque el Inacif es una dependencia de la Procuraduría General de la República y responde a la institución.