Según un diagnóstico que hizo la empresa Giuliani Security and Safety, los altos niveles de inseguridad son una combinación de corrupción, soborno, robo y desaparición de pruebas en la escena del crimen, falta de transparencia en las estadísticas sobre crimen hasta la intervención de políticos y personas adineradas que supuestamente obstruyen los procesos penales y judiciales.“Lo que hemos encontrado es un sistema que es altamente disfuncional, en otras palabras el sistema no está siendo utilizado para garantizar la seguridad de los dominicanos”, afirmó el exalcalde de Nueva York.
Dijo que sin que se trabajen los puntos críticos que fueron diagnosticados ninguna de sus recomendaciones podrán ser exitosas. “Hay que acabar con la corrupción desde lo más alto hasta lo más bajo…Si arrestan a alguien adinerado o alguien con conexiones políticas deben recibir el mismo trato que una persona que no tiene esas personas”, dijo.
El informe denominado “una legislación, una nación, justicia para todos” fue presentado este miércoles por Giuliani junto a Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que lo contrató para elaborar un plan para enfrentar la inseguridad en el país. Entre los hallazgos del estudio se establece que entre el 30 y 40% de las muertes por homicidios son clasificadas erróneamente y con frecuencia la evidencia del crimen “se pierde o es robada”.
“Esta política de permitir que los políticos tengan ventajas en la corrupción y la justicia criminal tiene que acabar”, dijo. También dijo que el combate a la criminalidad es una cadena que empieza en la policía pasa por los fiscales, las cortes y las cárceles. “
Otro de los hallazgos de la investigación que realizó la empresa Giuliani Security and Safety es que supuestamente a menudo los familiares de las víctimas tienen que “sobornar a funcionarios corruptos para que le entreguen a los familiares muertos”.
Giuliani dijo que el principal problema detectado en el sistema que tiene que ver con el control del crimen radica en que la Policía y el Ministerio Público se acusan mutuamente de la situación. “La Policía culpa al fiscal, que a su vez acusa a la Policía, no existe una política clara en coordinación de servicios ente la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría General”, detalla el informe.
Giulini sostuvo que lo fundamental para aplicar un programa de seguridad efectivo es acabar con la corrupción en las altas esferas y advirtió que el problema no es solo responsabilidad de la Policía Nacional.
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