WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy al Gobierno de República Dominicana a que no niegue el “racismo estructural” que sufren las personas de ascendencia extranjera en el país, sobre todo los de origen haitiano.
“Valoramos los esfuerzos (del Gobierno dominicano), que no son menores, pero negar que hay un racismo estructural reproduce las violaciones de derechos humanos”, afirmó el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.
La comisión, a solicitud de organizaciones de la sociedad civil, celebró hoy una audiencia pública sobre “la negación de los derechos políticos a las personas dominicanas de ascendencia haitiana”, un tema que se abordó también en los últimos cuatro periodos de sesiones.
La representación del Gobierno dominicano se quejó de la convocatoria de esta audiencia seis meses después de otra sobre el derecho a la nacionalidad de las personas de ascendencia haitiana.
“Si se atendiera lo que dice la comisión en sus informes, no habría sido necesaria esta audiencia. Hay un problema serio”, defendió Álvarez Icaza al respecto.
“La Comisión tiene la más grave preocupación por este caso. Lo que hemos encontrado son temáticas de resistencia y negación, y cuando se niega el racismo lo que pasa es que se reproduce la violación de derechos humanos”, agregó.
La CIDH publicó en febrero un informe muy crítico con el actual Gobierno dominicano, presidido por Danilo Medina, y con la “discriminación histórica” que han sufrido en el país durante décadas las personas de ascendencia haitiana.
Álvarez Icaza, en un apasionado discurso, aseguró que en sus visitas al país han comprobado cómo “hasta les cobran más por la luz” y que “la Junta Electoral Central ha sido un aparato que reproduce la discriminación”.
Por su parte, Mayerlyn Cordero, representante alterna de República Dominicana en la OEA, lamentó que la comisión convocara la audiencia a poco más de un mes de las elecciones generales del 15 de mayo en el país caribeño.
“Lamentamos que la comisión rechazará posponerlo, consideramos que en la ejecución de sus mandatos debe primer la prudencia y el sentido de la oportunidad”, sostuvo la diplomática.
Cordero negó las denuncias de las organizaciones civiles de que el Gobierno niega los derechos políticos a las personas de origen haitiano al impedirles el acceso o la renovación de su documento identificativo.
“Todo el que tiene la nacionalidad dominicana, independientemente de su ascendencia, ejerce sus derechos políticos, que nosotros llamamos derechos de ciudadanía”, aseguró la diplomática.
La representante dominicana sostuvo asimismo que la historia de las dos naciones (su país y Haití) “ofrece razones para que se tenga una ley de nacionalidad con determinadas restricciones”.
“Si impactan a un grupo particular, eso se deriva de la realidad social y un contexto histórico determinado. Pero no hemos diseñado un régimen legal de nacionalidad para discriminar a un grupo de personas”, agregó.
Las organizaciones no gubernamentales rechazaron estas afirmaciones del Gobierno y pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) que incluya al relator para las personas inmigrantes y apátridas de la CIDH en su próxima misión de observación electoral en República Dominicana.