Santo DomingoEl Partido de la Libración Dominicana (PLD) gastó RD$613,953,010 entre enero y mayo de 2012, como impulso a la victoria en las elecciones presidenciales de Danilo Medina.
Caravanas, bonches y mítines por RD$39,636,533; publicidad y propaganda por RD$157,126,571, y un sorprendente capitulo denominado “gastos operacionales” que le costaron al partido en el gobierno RD$341,450,000, resaltan en su informe de gastos del período electoral.
Los Reformistas (PRSC), aliados de causa en 2012 del PLD, gastaron RD$45, 104,245 para la participación en caravanas y mítines; y RD$142,950,500 asignados al “día D”, como comúnmente le llaman los partidos políticos al día de las elecciones.
Los del Revolucionario Dominicano (PRD) completan la trilogía mayoritaria al disponer RD$186,537,321 en propaganda y publicidad en todo el año. En gastos administrativos y generales desembolsaron RD$44,633,235.
Es la primera vez que se le puede poner un monto y razones al uso de los recursos económicos que hacen los partidos políticos para los procesos electorales, y va sirviendo para tener una idea de cómo y en qué gastan la larga hilera de millones de pesos durante el período de promoción electiva.
Es el conocimiento a los informes de ingresos y gastos que por ley deben presentar las agrupaciones políticas ante la Junta Central Electoral (JCE), y que por lo regular solo está concentrado en los aportes que hace el Estado, salvo una que otra excepción. Las contribuciones privadas están fuera de regulación en la legislación electoral dominicana, aun cuando se han realizado esfuerzos en los proyectos de Ley de Partidos y de Régimen Electoral por ponerles límites y la necesidad de revelar a los autores de las donaciones.
En esas elecciones presidenciales de 2012, los tres partidos mayoritarios del sistema dominicano recibieron RD$1,122,568,000, eso aparte de las contribuciones privadas que pudieran recibir, que se desconocen en su totalidad por la discreción en el uso.
Cada una de esas organizaciones manejó desde el Estado RD$374,189,333, cuando todos los demás partidos del sistema, unos 23, debieron distribuirse solo RD$ 280,642,000, en atención a lo dispuesto en la Ley 289-05, que modificó la Ley Electoral.
Para las elecciones que están en el camino, los partidos políticos mayoritarios se repartirán RD$1,288,069, 538.40, una asignación de RD$429,356,512 para el PLD, el partido Reformista y el Revolucionario Dominicano (PRD).
Los fondos provienen del medio por ciento de los ingresos nacionales para el año electoral, y se reparte con el 80% a los partidos políticos que sacaron más del 5% de los votos en los comicios anteriores, y el restante 20% entre las demás agrupaciones políticas reconocidas.
Para las elecciones presidenciales del 2012, el PLD tuvo ingresos adicionales por RD$221,557,374, recibió un préstamo de RD$8,000,000 del banco BHD; tuvo contribuciones de sus miembros por valor de RD$789,242 y por venta de libros consignaron RD$22,050. El total de sus ingresos fue de RD$617,670,757.64, solo en el período que va desde el primero de enero hasta el 30 mayo. El PRD, durante todo el año 2012, gastó RD$3,708,630 en “Convenciones” y RD$ 1,549,661 se destinaron a “mítines, desfiles y otros eventos”.
El único de los tres partidos mayoritarios que recoge en sus informes gastos por educación y capacitación política, con una partida de RD$1,213,645, es el Reformista Social Cristiano (PRSC). Para el año 2011, esa organización presentó gastos ante la JCE de RD$16,551.484 en el Instituto de Formación Política (IFP). Las “donaciones y cargas sociales para la campaña” del 2012 del partido “colorao” tuvieron un valor de RD$246,473,258.68.
Pero también tuvo gastos de RD$9,314,927 en dietas del personal y en sus delegados electorales; otros RD$19 millones por “asignaciones especiales a miembros de comisiones electorales”.
En un año previo a elecciones generales los gastos de los partidos mayoritarios no son muy diferentes. Los egresos oscilan entre compromisos de campaña, en la preparación de sus eventos internos para participar en los comicios y en la colocación de pautas publicitarias institucionales.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por ejemplo, gastó durante el 2011 en viáticos dentro y fuera del país la suma de RD$10,447,396.44, y en servicios de comunicación otros RD$10,876,047.61.
En gastos de campaña el informe entregado por la organización oficial a la Junta Central Electoral (JCE) contiene egresos por RD$56,240,570.45 y en combustibles dedicaron el desembolso de RD$2,479,617.89.
Durante ese año la agrupación política tuvo ingresos por valor de RD$159,960,070.27, apoyados en el 98% en contribuciones del Estado dominicano.
Los Reformistas (PRSC) presentaron ingresos por RD$157,589,479.62 durante el año 2011, aportado en su totalidad por la JCE. En pautas radiales la organización destinó gastos por RD$10,615,915.86 y en televisión RD$8,886,277.81.
El Instituto de Formación Política (IFP) del PRSC les mereció gastos RD$16,551.484.00.
El informe del PRD, organización que completa la trilogía de mayoritarios del sistema dominicano, registra un gasto de RD$28,241,504 en convenciones, y RD$15,532,951 dedicados a propaganda y publicidad. En desfiles, mítines y otros eventos, tienen un gasto de poco más de siete millones de pesos.
¿Una regulación flexible?
La contribución económica del Estado a los partidos políticos es la única regulación electoral que ha contado con voluntad para ser modificada y adecuada a la realidad de las agrupaciones nacionales.
Ha tenido dos intervenciones: la primera con la Ley 275-97 que estableció la contribución del Estado a los partidos políticos, y la segunda con la modificación para reordenar el financiamiento público con la Ley 289-05.
Esa segunda modificación benefició de trascendente al Partido Reformista, que se había dividido en dos para las elecciones del año 2004, y que desde el fallecimiento de Joaquín Balaguer, su líder histórico, vio disminuir la cantidad y la calidad de los dirigentes que la conformaban.
221 MILLONES
Es el reporte de “otros ingresos” que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones de 2012.
01 ANTES DEL AÑO 1997
La realidad económica de los partidos dependía de las contribuciones del sector privado dominicano, y también de “exoneraciones impositivas y uso de recursos públicos”. Cambio en regulación buscaba eliminar los privilegios de las exoneraciones del Gobierno.
02 LA LEY 275-97
Los fondos públicos se asignaban con el 25% repartido en partes iguales a todas las agrupaciones y alianzas con candidaturas, y el restante 75% en función de la actuación de las agrupaciones políticas en los anteriores dos procesos electorales.
03 MODIFICACIÓN
La Ley 289-05 modificó el financiamiento público a los partidos. Se estableció el 80% de los fondos públicos para las agrupaciones que sacaran más del 5% en el proceso electoral anterior, y el restante 20% de los fondos para las agrupaciones minoritarias.
CALIDAD. FISCALIZACIÓN. REGULACIÓN.
La calidad del gasto de los partidos políticos no es regulada por ninguna institución en el país. La Junta Central Electoral (JCE) emitió una resolución en 2010 que obligaba al gasto del 20% de sus presupuestos en formación política, por ejemplo.
Pero el manejo de los fondos sigue siendo muy discrecional a las decisiones de las organizaciones. La relación de fiscalización entre instituciones del Estado y las organizaciones políticas se limita a la presentación de sus informes de ingresos y gastos a la JCE, que sin ese depósito no entrega nuevas partidas económicas, y a las auditorías de la Cámara de Cuentas.
La esencia de estas investigaciones de la Cámara se centran en si los gastos de los partidos son sustentados con facturas, y si se tomaron en cuenta otras opciones de compra, dos delicados temas que, por cierto, casi nunca son cumplidos por los partidos políticos.
Mayor regulación
En todos los proyectos de ley de partidos políticos y de régimen electoral recientes se ha intentado poner un tope a la contribución de recursos desde el sector privado, que desde siempre ha estado abierta en la legislación dominicana.
También existen intentos para regular el uso de los medios de comunicación durante la campaña electoral, pero la voluntad política no se ha manifestado para pasar un proyecto regulatorio que su primer intento lo tuvo a mediados de la década de 1980.