Santo DomingoEl Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) insistió hoy en la necesidad de reformar el Código Laboral, al considerarlo obsoleto y causante de las demandas a las que son sometidas las empresas por los trabajadores.
El Conep se unió al reclamo de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (ACOPROVI), que dice que el 80% de las empresas de la construcción deben pagar miles de pesos cada año por demandas laborales dolosas o cierran a causa de la carga económica que suponen esas demandas.
El gremio señaló que esta es una de las principales razones por la cual desde el año 2013 viene impulsando su propuesta de reforma al Código de Trabajo “como una forma de evitar que sucedan más embargos ilegales o demandas inescrupulosas que dejan en ruinas a aquellos empresarios y microempresarios que con gran esfuerzo buscan emprender un negocio para sustentarse”.
Manifestó que los preceptos normativos contenidos en el Código Laboral vigente, el cual data del año 1992, responden a una realidad distinta a la actual y “sirven de nicho para actuaciones vandálicas de abogados que se dedican a crear situaciones ficticias para demandar a empleadores o a la compra de casos a los supuestos empleados, para su beneficio personal”.
Refirió que en el país existe un Código que no se ha modificado desde hace 24 años, mientras la economía y las relaciones laborales han ido cambiando al ritmo de los nuevos tiempos, lo cual implica que la legislación actual está desfasada, colocando a la República Dominicana en desventaja para ser más productivos y competitivos frente a otros países de la región.
El CONEP insiste en que debe culminarse el proceso de reforma y presentarle a la ciudadanía un nuevo Código de Trabajo, que promueva el desarrollo de relaciones armoniosas entre empleadores y empleados, así como beneficios que mejoren su calidad de vida, al tiempo que contribuya con el desarrollo sostenible del país.
“Reiteramos nuestro apoyo al justo reclamo que hace ACOPROVI e insistimos en que no es posible tener orden y paz social, buen clima de inversión, seguridad jurídica, ni competitividad si no se resuelven los problemas estructurales que son los que no permiten que la economía crezca de manera sostenible y que impacte en la vida de los ciudadanos”.