WASHINGTON.- Las organizaciones defensoras de los inmigrantes en Estados Unidos reforzarán su campaña contra las deportaciones en este año electoral para lograr que el Gobierno otorgue un Estatus de Protección Temporal (TPS) a quienes huyen de la violencia en Centroamérica.
«Tenemos que intensificar la protesta, buscar el tipo adecuado de protesta e introducir este tema en el debate electoral, solo así vamos a hacernos oír», dijo hoy a Efe Oscar Chacón, director de la organización Alianza Américas.
Los activistas protestan desde diciembre por lo que consideran un plan del Gobierno estadounidense para acelerar la deportación de inmigrantes con redadas en las comunidades y en los centros de trabajo.
«Ayer nos lo volvieron a decir abiertamente, van a seguir deportando. Brillan por su ausencia las soluciones de la Casa Blanca al llamado de los migrantes que huyen de la violencia en Centroamérica», consideró Abel Núñez, director de la organización Carecen.
La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), la mayor central obrera de Estados Unidos y Canadá, Alianza Américas, El Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Carecen pidieron hoy en una reunión conjunta en Washington que el Gobierno pare las deportaciones y ofrezca protección a los que huyen de la violencia.
«Hemos apoyado mucho al presidente -Barack Obama-, especialmente cuando anunció el alivio migratorio, ahora estancado en los tribunales. Pero hoy queremos decirle que las deportaciones no son la solución», sostuvo Tefere Gebre, vicepresidente de AFL-CIO y primer inmigrante elegido como oficial en la historia de la federación.
«Las personas que están en peligro en sus países van a tomar el riesgo menor, y ese es salir de sus países. Las deportaciones no funcionan, porque en el momento en que se bajan del avión ya están pensando en cómo van a volver de regreso», agregó Gebre, quien llegó a Estados Unidos de adolescente como refugiado político desde Etiopía.
A principios de enero, el Gobierno informó de la detención de 121 inmigrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, en una serie de operaciones en los estados de Georgia, Texas y Carolina del Norte.
«De esa cifra, algunos se han podido rescatar por la vía legal, otros están pendientes y otros han sido deportados», explicó este miércoles Núñez.
El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, emitió ayer un comunicado en el que aseguraba que su departamento continuará aplicando la ley migratoria, al tiempo que ofrecerá «a las poblaciones vulnerables en Centro América una alternativa y una vía segura y legal para una vida mejor».
«Reconocemos que muchos de los que huyen de Centroamérica podrían ser considerados refugiados», agregó.
En este sentido, recordó el anuncio del secretario de Estado, John Kerry, el pasado 13 de enero sobre la expansión del programa de admisión de refugiados para beneficiar a los migrantes «vulnerables» de Centroamérica, algo que aún está en la fase previa a la implantación.
El Departamento de Seguridad Nacional estipula que el TPS se puede conceder cuando en el país de origen hay un conflicto armado en curso, un desastre natural u «otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal».
La filosofía es que en ese país existan «condiciones que impiden a los ciudadanos regresar de manera totalmente segura».