La elección del secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), que deberá realizarse el próximo 26 de enero, ha generado un gran debate jurídico-constitucional entre regidores y expertos municipales de los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ante el anuncio de que Johnny Jones continúe en el cargo un año más de los cuatro establecidos constitucionalmente.
A través del programa «El Gobierno de la Tarde» de la Z101, se advirtió la litis constitucional y legal que podría derivarse del acuerdo político del Partido de la Liberación Dominicana con un sector disidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para que Jones se mantenga en el cargo por un año más y el próximo secretario general se escoja por los alcaldes entrantes en agosto del 2016.
En el debate participaron los regidores Waldis Taveras, vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Ayuntamiento del Distrito Nacional; Julián Roa, regidor del Partido de la Liberación (PLD) y presidente de la Sala Capitular del Distrito Nacional; y el director municipal del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ignacio Ditrén, quien anunció el lunes que esa organización habría decidido respaldar a Jones por un año más como secretario de la LMD.
Previamente, Ditrén anunció la semana pasada que esa decisión los alcaldes peledeístas la habían dejado para que el Comité Político, el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, en su calidad de presidente del partido morado, discutieran el tema y tomaran una decisión al respecto.
El cargo ha despertado el interés del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aliado político del PLD para las elecciones del 15 de mayo próximo, que a través de su presidente, Miguel Vargas Maldonado, anunció que presentaría una candidatura en la asamblea general de la LMD el 26 de enero.
Por el PRD estarían aspirando Neney Cabrera, Julio Maríñez, Henry Sarraf y Fausto Ruiz, exalcalde de La Vega.
Las posiciones
Al participar en el debate, el regidor Waldis Taveras advirtió que de extenderse el período de Jones por otro año, se violaría el artículo 105 de la Ley 176, sobre el Distrito Nacional y los Ayuntamientos, que establece la fecha de elección del secretario general de la LMD, y la Constitución de la República, que establece los períodos para los que son electos los alcaldes y congresistas.
Opinó que no es prudente ni aceptable que a los alcaldes electos en el 2016 se les imponga un secretario general que no han escogido.
A su juicio, esto crearía una crisis y conflicto de carácter legal y constitucional que podría iniciar uno de los alcaldes electos o las partes afectadas por la decisión.
De su lado, Ignacio Ditrén admitió que el período por el que se elige al secretario general de la LMD es de cuatro años, pero que por acuerdo político y conveniencia política electoral Johnny Jones se ha comprometido a continuar en el cargo por un año más.
Hizo referencia como precedente que cuando Amable Aristy Castro resultó electo senador de La Altagracia y se le obligó a juramentarse en el Congreso Nacional, su período de cuatro años lo completó su primo Fidias Aristy y luego éste continuó en el cargo.
No obstante, ante sugerencia del comentarista y exdiputado Ángel Acosta, de que la extensión del período a Jones podría desatar una crisis de aspecto constitucional, y sugirió que éste sólo podría continuar en el cargo si se dejara la asamblea de la LMD abierta, como dijo que ocurrió con el caso de Fidias Aristy, Ignacio Ditrén acogió la exhortación y afirmó que su partido la analizaría.
Hay referente
En cambio, el regidor peledeísta Julián Roa, presidente de la Sala Capitular y del Concejo de Regidores del Distrito Nacional, aclaró que con el caso de Aristy hay un referente, ya que éste completó el período de Amable Aristy Castro y luego fue ratificado en asamblea de la LMD por un período de cuatro años.
Respecto a la parte legal, también admitió que la Ley 176 establece que el período de elección del secretario general del órgano rector de los ayuntamientos es por cuatro años, pero coincidió con Ditrén en que por conveniencia política debería extenderse la gestión de Johnny Jones por un año más, por un asunto institucional.
Coincidió, sin embargo, en que no se puede imponer a los alcaldes que resulten electos el 15 de mayo a un secretario general de la LMD que han escogido.
Explicó que ha surgido un acuerdo entre los alcaldes peledeístas y Jones para que éste se mantenga otro año en el cargo y renuncie para que otro secretario general complete el período legal y constitucional.
Opinó que se debe buscar un mecanismo que garantice el cumplimiento del acuerdo político, sin afectar las disposiciones legales y constitucionales.
Otra referencia
Julián Roa citó como otro referente el acuerdo del «2 y 2» que impuso con algunos diputados electos el fenecido líder del PRD, doctor José Francisco Peña Gómez, para resolver confrontaciones internas con sus dirigentes.
Sostuvo que ese mecanismo es inconstitucional, pero por conveniencia política el PRD lo aplicó con algunos diputados, que luego de dos años renunciaron para dar paso a otro compañero a que completara el período.
Ante la sugerencia de Ángel Acosta para que se deje abierta la asamblea general de la LMD el 26 de enero, en caso de que se extienda por otro año la gestión de Jones, el edil peledeísta advirtió que ese mecanismo sería mucho más peligroso, desde el punto de vista constitucional, que extender su administración en base a un acuerdo político y luego renuncie.
«Si se deja la asamblea abierta, entonces vendría cualquiera y pedirá al TSA que ordene realizar la asamblea y éste obligaría a convocarla», sentenció Roa.
«Dejarla abierta tiene más riesgo que el compromiso del secretario general electo el 26 de enero de renunciar al año acordado y se sincronizaría el período con el período constitucional electoral», enfatizó Julián Roa.