SAN CRISTOBAL.- Los candidatos presidenciales Luis Abinader y Minou Tavárez Mirabal hicieron este jueves serios cuestionamientos a un nuevo contrato que, según dijeron, ha sido autorizado para la operación de una tercera planta eléctrica a carbón en la zona donde se construyen otras dos, en la provincia Peravia.
Adujeron que este contrato debió ser aprobado tras una consulta a la sociedad en el marco del Pacto Eléctrico y una licitación que diera oportunidad de participación a otros actores nacionales e internacionales del sistema eléctrico.
Abinader, candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) habló antes de iniciar una marcha-caravana en el sector Madre Vieja, de San Cristóbal.
Expuso que en este caso ha habido violaciones a la Constitución y las leyes General de Electricidad y de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones Estatales.
Tras alegar que la administración del Presidente Medina reitera su conducta poco transparente, el candidato presidencial mostró extrañeza por el hecho de que el Gobierno informara la anulación del referido contrato, pero no muestre a la opinión pública documentos que prueben su terminación efectiva y deje claro que el interés nacional no será afectado por penalizaciones derivadas de la contratación original.
Dijo que “expresiones de la reiterada conducta poco transparente del gobierno es el escándalo que envuelve la construcción de la carretera misteriosa de San Francisco de Macorís, la situación de extorsiones y corrupción verificada en las Oficinas de Ingenieros Supervisores de la Obras del Estado, descubierta tras el suicidio del arquitecto David Rodríguez, y la negativa de un alto porcentaje de funcionarios que no han presentado sus declaraciones juradas de bienes, según reclama la Cámara de Cuentas, entre otras situaciones”.
El economista y político sostuvo en otro aspecto que la gestión de Medina ha fracasado es en la lucha contra la delincuencia, mal que –a su juicio- ha aumentado en los últimos tiempos así como en las gestiones para disminuir el desempleo, bajar el alto costo de la canasta familiar, mejorar el funcionamiento de los hospitales y en imprimirle calidad a la educación.
Durante el recorrido por el sector Madre Vieja, Abinader estuvo acompañado de los dirigentes Rafael Salazar, Nelson de la Rosa, Enrique González, Miguel Gustavo Lara, Tico Faxa, Rubén Cabrera, Leivin Guerrero, Farux Miguel, Ruth Montilla, Nilsia Rosario Ferrand y Joel de la Rosa entre otros. Además, de los precandidatos a senadores por el PRM Mateo Aquino Febrillet y Osiris Guzmán, y otros aspirantes.
Denuncia que el gobierno mató al Pacto Eléctrico
Tavárez Mirabal, candidata presidencial de Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Nueva Democracia, denunció “la existencia de múltiples irregularidades alrededor de los contratos, la construcción y la futura operación de las plantas eléctricas a carbón que se están construyendo en Punta Catalina”.
“En primer lugar hay que decir que no serán dos plantas sino tres y para el contrato de la tercera no hubo licitación, hecho que es violatorio de las leyes y los procesos administrativos obligatorios para proyectos de esta envergadura”, dijo.
Agregó que “a esto debemos sumar que a la empresa Pinegy Commercial Group SRL, con la que el gobierno suscribió el acuerdo para la construcción de esa planta, no se le conoce experiencia en el área pues se dedica a la industria del plástico”.
Informó que el contrato fue firmado en condiciones similares a las de COGENTRIX y generará daños económicos a largo plazo a la República Dominicana, pues establece que los precios que tendrá la energía que produzcan las plantas en los próximos 25 años, “podrán incrementarse si el precio internacional del carbón sube, pero nunca si éste cae, y además deberán seguir siendo pagados aunque la empresa deje de generar energía eléctrica”.
Tavárez alegó que con este acuerdo el gobierno está hipotecando los recursos del Estado, comprometiéndose a pagar en dólares a esta empresa, la cual está “vinculada por el rumor público a personas muy allegadas al propio presidente de la República, Danilo Medina”.
“Para mayor gravedad, el contrato establece cláusulas de confidencialidad que prohíben dar a conocer su contenido como la 34.3, violando con esto la Constitución. Eso huele muy mal”, enfatizó.