Esperan Danilo Medina observe el nuevo Código Penal

edificio del congresoLas organizaciones feministas se plantean llevar la despenalización del aborto a instancias internacionales, si el presidente Danilo Medina no observa el Código Penal y deja que se convierta en ley.Lourdes Contreras, coordinadora general del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Cinthya Velasco, directora ejecutiva de Colectiva Mujer y Salud, Graciela de la Cruz, que dirige el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (Ce-Mujer) y el director del Consejo Nacional para el VIH-Sida (Conavih-Sida), Víctor Terrero, demandaron, por separado, que Medina mantenga la convicción que lo movió a frenar el 28 de noviembre del 2014 el Código Penal, cuando observó cuatro artículos relativos a la tipificación penal de la interrupción del embarazo.

“El primer recurso es que el presidente de la República no lo promulgue, tiene 10 días para observarlo”, comentó Contreras. Y si eso no funciona, “es muy probable”, que los movimientos feministas lleven el aborto en República Dominicana a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

La misma idea tiene el Colectivo de Mujer: “Si se aprueba… las organizaciones tendremos que reaccionar y llevar esto a las últimas consecuencias, ante los tribunales y consejos de derechos humanos, a todos los niveles… Vamos a agotar todos los recursos a nuestro alcance para garantizar los derechos de la mujer”.

Contreras sustentó esta posibilidad en que la República Dominicana es signataria y defensora de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Pero castigar el aborto, a su juicio, viene a violentar los compromisos internacionales asumidos. Las feministas consultadas manifestaron que consensuaran qué hacer en lo adelante.

El jurista Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, también mencionó que el país ratificó en enero del 2012 la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, que contempla que ninguna persona puede ser sometida a procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud o su integridad física o psicológica. “De lo contrario, se puede generar un conflicto en control de convencionalidad ante los tribunales internacionales que ordenen al país compatibilizar su legislación con el texto del derecho internacional de los derechos humanos”, advirtió el abogado.

Las feministas y los sectores menos conservadores de la sociedad dominicana han librado una larga batalla para que en el país se despenalice la intervención del embarazo en causales puntuales: cuando sea producto de una violación o incesto, cuando la vida de la madre corre peligro de muerte o por malformaciones del feto incompatibles con la vida.

El director de Conavih-Sida, Víctor Terrero, consideró que mantener el Código tal cual está, vulnera los derechos fundamentales, afecta a las clases sociales bajas y coarta el trabajo de los médicos. Para Terrero, es una “aberración” obligar a una mujer a tener una criatura producto de un incesto o una violación.La aprobación del Código es un desconocimiento a los derechos humanos.

Los consultados entienden en que aun cuando el aborto sea penalizado, como sucederá si no interviene el presidente, no detendrá las intervenciones clandestinas e inseguras.
Además, señalan la penalización como una causa de mortalidad materna, esa problemática que en República Dominicana, en el 2015, cerró aproximadamente en 107 fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos, cuando uno de los Objetivos del Milenio era reducir esa cifra a 47 decesos. Igualmente coincidieron en que el Senado aprovechó el pasado jueves la tranquilidad de los días de diciembre para dar un “palo acechao” y aprobar el Código Penal.

República Dominicana se mantiene en una lista pequeñísima de seis países en el mundo que no permiten el aborto en ninguna circunstancia, junto a El Salvador, Malta, Nicaragua y, obviamente, la Santa Sede.

Religiosos felicitan la decisión del Senado 

El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), monseñor Gregorio Nicanor Peña, recordó que la posición de la Iglesia es que la vida se debe respetar desde el momento de la concepción hasta la muerte. “Por tanto, toda ley que tenga en cuenta ese principio, la Iglesia estará de acuerdo con ella…”. En esos términos también opinó monseñor Pablo Cedano Cedano, obispo auxiliar emérito de Santo Domingo, quien felicitó a los legisladores por su decisión. “Si no se hubiese aprobado sería un crimen que no tendría perdón”.

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